El Gobierno abandona el necesario control en educación secundaria

El tapiz educativo que, durante la legislatura pasada, fue tejiendo José Ignacio Wert lo ha destejido en menos de un año su sucesor, Íñigo Méndez de Vigo. El Gobierno de Rajoy, que allá por 2012 quería que los alumnos estudiaran la misma Historia en toda España, ha rectificado también en su propuesta estrella, las reválidas de la ESO y Bachillerato, al rebajar las competencias del Estado y dar más control a las autonomías.

Según el proyecto de Real Decreto y la orden ministerial a los que ha tenido acceso El Mundo, cada Gobierno autonómico va a poder fijar las preguntas y el calendario de los exámenes por su cuenta, lo que significa, en la práctica, que ya no se celebrará el mismo examen en toda España, como pretendía Wert.

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Méndez de Vigo asesta, así, otro golpe contundente a la Ley Wert después de desentenderse del plan para escolarizar en castellano en Cataluña (el presupuesto ha caído de cinco millones de euros a un millón en 2016), y suprimir otras medidas.

En los últimos meses, Méndez de Vigo ha ido desmontando buena parte de las actuaciones que puso en marcha Wert, como la ampliación de la ratio de alumnos por aula, la no sustitución de las bajas docentes hasta pasados 10 días, o los recortes en las becas y ayudas al estudio.

El ministro en funciones también ha accedido a no publicar los ránkings con los resultados de las reválidas que tan poco gustan a la comunidad educativa, a pesar de que el PP siempre había sido partidario de difundir estas clasificaciones, porque está convencido de que contribuyen a mejorar los resultados académicos de los estudiantes.

La orden ministerial que Méndez de Vigo analizará el día 13 con los consejeros en la Conferencia Sectorial de Educación contempla la prohibición expresamente: «Los resultados de las evaluaciones finales de la ESO y Bachillerato serán puestos en conocimiento de la comunidad educativa del propio centro, sin que puedan utilizarse en ningún caso para la elaboración de clasificaciones de centros docentes». De este modo, cada autonomía tendrá que guardar bajo llave toda la información y sólo podrá facilitar a cada instituto o colegio los datos de cómo se sitúa en relación a la media regional, en la línea de lo que se hace en Galicia.

¿Por qué recula ahora el Gobierno? Porque ha perdido poder, porque se avecinan nuevas elecciones, porque hay ocho comunidades autónomas que amenazan con no hacer las evaluaciones de 6º de Primaria que, en teoría, comienzan a celebrarse esta semana en toda España, y porque, en el fondo, casi nadie creía en la viabilidad técnica y competencial del proyecto de Wert, ni siquiera dentro del PP.

Si se compara la versión anterior del proyecto de real decreto -colgada en la web del Ministerio con fecha de marzo de 2015- con la actual, se observa que el reparto competencial ha cambiado: ahora tienen más peso las comunidades autónomas y menos el Estado.

Han desaparecido frases clave, como la que decía que «las pruebas serán confeccionadas por el Ministerio de Educación» y «la aplicación corresponde» a las comunidades autónomas, o la que señalaba que «el Ministerio fijará en cada convocatoria las fechas, características y condiciones de aplicación y corrección de la evaluación». O incluso la que indicaba que «la prueba se aplicará de forma simultánea en todo el sistema educativo español».

Ahora serán lo gobiernos autonómicos los que se encargarán de poner la fecha de las pruebas y de los procedimientos de revisión, de determinar el lugar donde se celebrarán las reválidas y de establecer la «realización material» de las evaluaciones, lo que implica -y esto es muy importante- que harán la «redacción de las pruebas»; es decir, fijarán las preguntas por su cuenta.

También tendrán encomendadas «la elaboración de guías de codificación y corrección»; «la coordinación entre los centros docentes y universidades»; «la designación de tribunales u órganos de calificación»; «la designación del profesorado del Sistema Educativo Español»; «la adopción de medidas para garantizar la custodia y confidencialidad de la prueba»; «la resolución de reclamaciones», y «el establecimiento de medidas de información adecuada».

¿Y qué hace el Gobierno? El Ministerio se encarga de fijar «una horquilla de fechas»; de determinar «el contenido» a partir de unos «estándares de aprendizaje evaluables», y de delimitar el «diseño» poniendo un número máximo de preguntas, la duración de las pruebas o el formato de las cuestiones. Los nuevos borradores crean, además, una nueva figura que antes no aparecía: una «comisión central» formada por representantes del Gobierno (las autonomías y los rectores están invitados, pero no tienen voto) que cada año propone el diseño y los contenidos de las reválidas.

En resumen, las pruebas pierden parte de su carácter centralista y uniformizador. Aunque algunas voces de la comunidad educativa consideran, sin embargo, que siguen siendo «demasiado intervencionistas» y «entran mucho en detalle» a la hora de definir cómo serán las preguntas.

Los borradores establecen que los alumnos de 4º de la ESO se examinen de cuatro asignaturas troncales (Geografía e Historia, Lengua, Matemáticas y Lengua Extranjera), más dos materias de opción del bloque de las troncales y una materia específica. Es decir, siete en total.

En 2º de Bachillerato serán ocho asignaturas: cinco troncales (Filosofía, Lengua, Historia de España, Lengua Extranjera y, según lo que haya cursado el alumno, Matemáticas, Latín o Arte) más dos materias de opción y una específica.

La nueva versión añade que, para cada una de las pruebas, se dispondrán de 60 minutos en la ESO y de 90 minutos en Bachillerato con «una duración de un máximo de cuatro días», aunque las autonomías con lengua cooficial podrán tardar «cinco días».

 

 

Lectura completawww.elmundo.es/sociedad/2016/05/03/5727fb5d22601d95508b45ca

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