Este Martes 4 de Julio el presidente autonómico Carles Puigdemont y su vicepresidente económico Oriol Junqueras anunciarán algunos detalles jurídicos y técnicos del referéndum de secesión que pretenden perpetrar el 1 de Octubre. Lo harán en un teatro y arropados por representantes de la CUP, ERC, PDeCat (ex Convergència), y MES (ex PSC-PSOE), entre otros.

El acto del nacionalismo golpista, con autoridades constituidas que preparan actos inconstitucionales, tendrá lugar tras nuevas amenazas y desafíos vertidos en los últimos días. Así, en un acto de la Associació de Municipis per la Independència (AMI), el presidente Puigdemont ha amenazado con un «damos miedo y más miedo que daremos» y lanzado el nuevo eslogán «arnes o urnes«, en un juego de palabras que pone de manifiesto su irresponsable aventurerismo, olvidando que las armas las carga el Diablo, como sucedió pocos años atrás en Yugoslavia. En línea similar, un ex diputado del PSC, ahora diputado en Junts pel Si, y profesor universitario, ha calificado el referéndum inconstitucional de «acción militar«.

Ante el aumento de la presión, este miércoles tendrá lugar una vez más en Barcelona una concentración ante la Delegación del Gobierno de España en Cataluña para pedir su intervención y ofrecerle su apoyo. La petición principal es que se aplique el art. 155 de la Constitución, una intervención de los organismos autonómicos de Cataluña por las instituciones comunes ante el proceso secesionista impulsado por el gobierno de la Generalidad y su mayoría de escaños en el parlamento autonómico.

Control del FLA y retraso en nóminas

En esta ocasión, el partido de centro-izquierda Unidos Sí, uno de los convocantes, sugiere al Gobierno nacional que las transferencias del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la gravemente deficitaria Generalidad, cuyas cuentas están en números rojos, se hagan «finalistas» y únicamente con la convalidación de interventores contables del Estado, de manera que dejen de pagarse gastos relacionados con el «procés» como embajadas, viajes internacionales y urnas. El mismo partido sugiere también que, como botón de muestra de la autoridad del Estado, deje de abonarse una mensualidad de todos los consellers, diputados y cargos de designación política de la administración autonómica. En una etapa siguiente podría retrasarse también el salario de los profesores de enseñanza secundaria de la región, el 80% de los cuales son nacionalistas y adoctrinan a los estudiantes, remachan.

Con el lema “Catalanes por la Ley y el Seny” (sensatez, en catalán), un grupo de ciudadanos “de izquierdas, de centro y de derecha” convoca el 5 de julio, de 19:00 a 20:00 horas, en la confluencia de las calles Mallorca y Roger de Llúria, ante la sede de la Delegación del Gobierno de España. Cuentan para ello con la adhesión y el apoyo de los partidos Unidos Sí y Vox y la entidad Associació Cultural pel Progrés, Convivencia Cívica Catalana y Somatemps, entre otras.

Por una intervención urgente del Gobierno de España

Los convocantes de la concentración, con precedentes el 3 de marzo y el 14, 21 y 28 de junio de este año, destacan su carácter unitario, “por encima de nuestras legítimas diferencias de credo e intereses particulares o de clase, y por encima de preferencias de izquierda o de derecha, centrándonos en el bien común, en la unidad de la soberanía, que no puede trocearse ni es susceptible de cuestionarse en ningún referéndum, y en la libertad, igualdad y solidaridad de todos los españoles en cualquier parte del territorio nacional, incluida, ciertamente, Cataluña.”

Por ello, y en vista de la aceleración de los acontecimientos, los convocantes piden la intervención urgente del Gobierno de España y el Senado, donde el Partido Popular goza de mayoría absoluta, “ante la peligrosísima política secesionista, golpista y totalitaria” del actual Gobierno de la Generalidad de Cataluña”.