Como sostiene el economista J.F. Martín Seco, no poner al día las pensiones «puede considerarse un robo«, una especie de impuesto regresivo y discriminatorio, específico para los pensionistas, «que tiene un carácter acumulativo, lo que produce a medio plazo efectos devastadores … Imaginemos una inflación promedio anual del 2%. El primer año la no actualización es equivalente a un impuesto del 2%, el segundo año sería de un 4% (1,02 x 1,02), del 6% el tercer año (1,02 x 1,02 x 1,02). Y así sucesivamente. El año diez, el impuesto acumulativo sería equivalente al 22%. El año veinte, el impuesto sería del 48%. Es decir, para una persona que llevase 20 años de jubilación, la pensión sin actualización anual sería la mitad de lo que le correspondería si se hubiese actualizado año a año.»

En la España actual, inició la depreciación de las pensiones el gobierno de J.L. Rodríguez Zapatero (PSOE) que, una vez reconocida la grave crisis económica, las congeló en 2010, con un 0% de revalorización (sic). En 2011, año electoral, trató de compensarlo con un 1,3% de actualización. En 2012, el nuevo ejecutivo de Mariano Rajoy (PP), las revalorizó un 1% (salvo la pensión mínima, un 2,9%); y en 2013, un 2%. Sin embargo, desde 2014, y haciendo que llueva sobre mojado durante más de un lustro, en 2015, en 2016 y en 2017, Rajoy las ha revalorizado tan sólo un 0,25%.

Los que ahora son pensionistas han costeado con sus impuestos una educación universal y gratuita de la que la mayoría de ellos no gozaron en su infancia y juventud. También con sus impuestos han facilitado en gran medida el acceso a la universidad de las generaciones posteriores, oportunidad que muy pocos de sus generaciones tuvieron. Como afirma J.F. Martín Seco:

«Con sus cotizaciones se han mantenido las pensiones de los trabajadores de épocas precedentes. Han sido su trabajo y sus contribuciones al erario público los que han hecho posible que hoy las estructuras y el desarrollo económico en España sean muy superiores a los que conocieron en su niñez y que la renta per capita sea más del doble de la existente hace cuarenta años. ¿No tienen derecho a que al menos se mantenga el poder adquisitivo de sus pensiones?«

El justamente reputado economista prosigue:

«La viabilidad del sistema público de pensiones no se puede cifrar en el mero hecho de rebajar poco a poco las prestaciones, que es lo que se lleva haciendo reforma tras reforma. Eso no es hacerlo viable, sino destruirlo paso a paso. … El remedio tampoco puede venir ni de la natalidad ni la conciliación; ni siquiera del empleo y de los salarios en sí mismos. Para mostrar y asegurar la viabilidad del sistema hay que sacar las pensiones del estrecho margen de la Seguridad Social y de las cotizaciones y situarlo entre todas las obligaciones del Estado y de un Estado Social que es el que establece nuestra Constitución.»

Datos sobre revalorización de las pensiones:www1.seg-social.es/ActivaInternet/groups/public/documents/rev_anexo/rev_035142.pdf