UNIDOS SI, ante la violencia y amenaza de violencia de los golpistas nacionalistas y sus seguidores, y la intervención judicial y de orden público para restablecer los derechos y libertades que nos dimos, con amplísimo respaldo en toda España, incluida Cataluña, en la Constitución de 1978, manifestamos:

1) Los políticos presos y sus seguidores han puesto en peligro las vidas de centenares, incluso millares de personas, con su irresponsable aventurerismo golpista, retorciendo y excediendo las funciones legítimas de las instituciones de autogobierno de Cataluña y cientos de ayuntamientos, abusando de su poder, incluido el mando de casi 20.000 policías autonómicos y miles de policías municipales, todos ellos armados, y una parte indeterminada de ellos, de lealtad constitucional dudosa, para imponer por la fuerza o la amenaza de fuerza, la secesión del territorio y habitantes de Cataluña y su sujeción, sin derechos individuales ni de las minorías, a su voluntad unilateral y sin límites.

2) Apoyamos a los jueces y magistrados que, como Lamela y Llarena, pese a enormes presiones, están actuando con objetividad, determinación y proporcionalidad ante el peor ataque que ha sufrido la democracia española desde el frustrado golpe de Estado del 23-F de 1981.

3) Denunciamos las mentiras demagógicas que pretenden deslegitimar la recta labor de estos jueces acusándoles de «politizar la justicia». En realidad, están aplicando la legislación democrática constitucional a los presuntos culpables de la preparación y ejecución, con total premeditación, de un plan de sedición, rebelión, secesión y liquidación de la democracia y los derechos y libertades individuales y de las minorías en Cataluña.

4) La democracia constitucional destaca sobre otras formas de gobierno en que protege los derechos individuales y de las minorías y se somete más escrupulosamente al gobierno mediante las leyes. Un sistema político sin cumplimiento de la ley se acerca peligrosamente a la tiranía e, incluso, como la Cataluña de años recientes, al totalitarismo.

5) Recordamos, por tanto, que el poder judicial debe aplicar la legislación con completa independencia y responsabilidad, sin subordinarse a ninguna estrategia o conveniencia extraña a su función.