El traslado a prisiones de la Generalidad que el presidente Sánchez prepara para los golpistas del Procés se perfila como la primera concesión flagrante del PSOE a los nacionalismos supremacistas catalán y vasco. Este trato de favor incluiría a reclusos de postín como el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, los ex consejeros Dolores Bassa, Joaquín Forn, José Rull, Raúl Romeva y Jorge Turull; la ex presidenta del Parlament, Carmen Forcadell; el ex presidente de ANC, Jordi Sànchez, y el presidente de Òmnium Cultural, Jorge Cuixart. Asimismo, para más INRI, propiciaría actos multitudinarios y tumultuarios mediático-propagandísticos de protesta ante las prisiones, al estilo «Toma de La Bastilla», que hasta ahora, merced a la distancia kilométrica existente entre el Nordeste y lugares como Estremera y Soto del Real, nunca han pasado de unos cientos de manifestantes desplazados en autocar.

Cataluña es la única comunidad autónoma que tiene traspasada la competencia sobre prisiones, lo que implica que la nueva consejera de Justicia y ex diputada Ester Capella (ERC) detenta el poder de facilitar e incluso privilegiar (o lo contrario) el régimen carcelario de cualquier recluso en la región. Por ello, con el «acercamiento» a prisiones del nordeste, Sánchez permitiría al ejecutivo del racista Joaquín Torra conceder trato de favor a estos presidiarios.

Fuentes políticas y penitenciarias consultadas advierten de que es necesario mirar más allá del mero acercamiento a Cataluña por motivos «humanitarios», para incidir en que, mientras mantengan la condición de presos preventivos, el traslado supondría ceder al ejecutivo regional –que reclama a diario su libertad, luce lazos amarillos en solidaridad con ellos y los considera «presos políticos»– la potestad para, entre otras cosas, concederles un régimen de visitas y de comunicaciones (teléfono, internet, etc.) más laxo y amplio, situarlos en módulos preferentes o permitirles estar juntos.

Peor aun, una vez pasasen a ser reclusos condenados, tras un periodo de cumplimiento mínimo establecido por ley, podrían beneficiarse con facilidad de permisos penitenciarios y del tercer grado por decisión de la administración penitenciaria regional. Aunque estos privilegios podrían ser recurridos por la Fiscalía ante el juez de vigilancia penitenciaria, para ello tendrían que ser denunciados por los propios responsables penitenciarios catalanes, bajo el mandato por la consejera de Justicia, cosa del todo punto improbable.

Cabe recordar también el escaso respeto que la Generalidad y sus afines demuestran a la legislación vigente y que en el ámbito penitenciario catalán los nombramientos que se han ido produciendo son muy cercanos a la filosofía golpista. Como botón de muestra, el director general de Servicios Penitenciarios de Cataluña, el hombre del que dependen las 15 prisiones de la comunidad, es Amand Calderó, que no fue relevado por el Gobierno durante el periodo de aplicación del 155 pese a trabajar bajo las órdenes del ex consejero de Justicia, Carles Mundó. Calderó suele lucir el lazo amarillo en sus actos públicos.

Los criterios para el acercamiento deben ser los mismos para todos, sin privilegios y, si de lo que se trata es de facilitar el contacto con sus familias, pueden realizarse traslados a centros penitenciarios en Castellón, Huesca, Mallorca, Menorca, Teruel y Zaragoza.

Prisión de Teruel:  http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/centrosPenitenciarios/ficha.html?ep=0084

Prisión de Menorca: http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/centrosPenitenciarios/ficha.html?ep=0099