No se necesita mucha explicación para decir que la cohesión de una nación descansa sobre tres importantes pilares: una misma lengua oficial en todo su territorio que permita entendernos, una misma Ley –la Constitución– y una misma escuela. Es decir, unos conocimientos iguales que se transmiten desde la Escuela para dar coherencia, unión y un sentimiento de pertenencia y seguridad a todos los ciudadanos pertenecientes a una misma nación. Por eso, desde el siglo XIX en la fachada de las escuelas de pueblos y ciudades de España se leía: «Escuela Nacional».

Pero las sucesivas leyes educativas (y llevamos unas cuantas) no se han percatado de ello. Y, quizá sin ser conscientes, han estado colaborando activamente en fomentar la desunión de las distintas comunidades autónomas que conforman la España de hoy. Aparte de las singularidades evidentes que tienen algunas, como una lengua distinta, el «cupo vasco» o las «cesiones» de competencias que hayan obtenido de los distintos Gobiernos de España del PP y del PSOE por mor de la «gobernabilidad», lo cierto es que cada vez son más amplias las diferencias de unos y otros territorios de España, que redundan en desigualdades de y para los ciudadanos. Es decir, en función de la parte del territorio que se habita, hay sustanciales desigualdades de derechos sociales, económicos, culturales y políticos de los ciudadanos españoles. Pero los diversos Gobiernos centrales han realizado ímprobos esfuerzos «para no enterarse» de algo tan evidente. Así, la pandemia de CoViD-19 ha puesto de manifiesto las desigualdades lacerantes entre ciudadanos de distintas comunidades a pesar del «mando común» asumido por el Gobierno de España en algo tan importante como es la salud y la vida de las personas.

Pero aquí me referiré solo a las desigualdades entre territorios que han ocasionado las sucesivas Leyes de Educación. Hay un artículo en dichas leyes educativas que estipula la distribución de «Competencias» entre el Gobierno de la nación española y las CC.AA. Resulta sumamente chocante que esta distribución de competencias entre el Gobierno de España y las CCAA no haya variado lo más mínimo desde la LOGSE (1990) de Felipe González, cuyo espíritu y forma han mantenido los Gobiernos del PP.

La LOGSE, en su punto 4.2, decía:

[El Gobierno fijará] los contenidos básicos de las enseñanzas mínimas, en ningún caso más del 55% de los horarios escolares para las CCAA que tengan lengua oficial distinta del castellano, y del 65% para aquellas que no la tengan».

La importancia de la LOGSE reside en que abrió la puerta para que, de hecho, se haya utilizado ese 45% restante de «contenidos» que deciden las CCAA con dos lenguas oficiales para modificar hechos históricos, acomodándolos a la ideología nacionalista imperante. El resto de CCAA, con una sola lengua oficial, sólo deciden el 35% de los contenidos. Así se ha fragmentado el «saber», dependiendo de la lengua en que se impartan dichos conocimientos y del territorio donde se haya de escolarizar a los alumnos.

Por consiguiente, el artículo 4.2 ha dado lugar a la formación, de facto, de 17 sistemas educativos distintos y distantes, muy propios y exclusivos de las distintas CCAA. Con este estado de cosas, ¿dónde queda la cohesión de España si los contenidos de todas las asignaturas no son iguales? A la vista está que, con esta forma de hacer las cosas, hemos perdidos los referentes culturales comunes, que ya no son comunes sino, a veces, incluso contrapuestos. Sólo hay que hojear los distintos libros de texto escolares para poder evidenciarlo.

La LOCE, aprobada por el PP de José-María Aznar el año 2002, en el Capítulo IV dedicado aal Currículo, Ar. 8.2., estipula:

«A los contenidos de las enseñanzas comunes les corresponde en todo caso el 55 por 100 de los horarios escolares en las CCAA que tengan, junto cn la castellana, otra lengua propia  cooficial, y el 65 por 100 en el caso de aquellas que no la tengan.»

La siguiente Ley -que ahora la ministra Celáa toma como modelo para su nuevo Proyecto Educativo- fue promulgada por el PSOE de J.L. Rodríguez Zapatero en 2006.

Con la LOMCE de 2013 hubo polémica por querer introducir la «elección de lengua» en la Escuela en las CCAA cn dos lenguas oficiales. Esta pretensión, finalmente, no se pudo aplicar.

En el Proyecto de Ley de la ministra Celáa, el Art. 6.4 establece que:

«Las enseñanzas mínimas requerirán el 55 por 100 de los horarios escolares para las CCAA que tengan lengua cooficial y el 65 por 100 para aquellas que no la tengan.»

Es interesante advertir que se elude la palabra «contenidos» para sustituirla por «enseñanzas», como si la enseñanzas no incluyeran contenidos.

Se continúa sin variar este porcentaje de competencias para no contrariar a sus socios de Gobierno, o bien por la necesidad de apoyos nacionalistas. Sin advertir que con estas cesiones -y otras muchas de toda índole- se está contribuyendo a la fragmentación de España, y tal vez al enfrentamiento. Lo cierto es que hemos perdido los referentes culturalescomunes y los contenidos de las materias no son iguales para todos los españoles -algunas veces son incluso coontrapuestos.

Gracias a este artículo, que deja casi la mitad de los contenidos en manos de gobiernos autonómicos partidarios de la secesión, se puede ideologizar impunemente a los escolares. Por ejemplo, proponiendo el rechazo de la Constitución de 1978, «porque nosotros no la votamos», tal como he tenido ocasión de escuchar a algún alumno catalán, que repetía la idea aprendida en clase de Ciencias Sociales. Como si las Constituciones hubiesen de ser votadas por cada generación. En este sentido, hay que recordar que ningún ciudadanos vivo de EE.UU. votó su Constitución, que ya tiene 200 años. En Alemania, la vigente, del año 1949, fue elaborada bajo la supervisión de las fuerzas militares de ocupación y jamás fue ratificada en referendum por el pueblo alemán. Además, en una tumultuosa sesión durante la noche del 19 al 20 de mayo de 1949, el parlamento de Baviera rechazó el proyecto constitucional. Sin embargo, pudo aprobarse in extremis, por escasa mayoría, que la Ley Fundamental también sería válida para Baviera en caso de que dos tercios de los otros estados federados la ratificaran. De manera que Baviera rechazó la Constitución alemana vigente, jamás refrendada en referendum, mientras Cataluña aprobaba libremente la Constitución española de 1978 con más de un 90% de votos positivos y una alta participación ciudadana. Algo que, evidentemente, no se enseña en las escuelas públicas de Cataluña.

Tampoco Josep Guardiola, entrenador del Bayern Munich durante tres años, equipo de la capital de Baviera, pareció enterarse de nada: durante su estancia en Munich se dedicó a contraponer Cataluña (que jamás ha existido como Estado independiente) a España, como países diferentes, sin percatarse en ningún momento de que Baviera, el territorio en que trabajaba, fue un Estado independiente hasta 1870, año en que se integró en el Imperio Alemán, pero conservando un servicio diplomático diferenciado, el Ejército bávaro y sistemas postal, telegráfico y ferroviario propios (algo jamás visto en Cataluña). Además, los bávaros son católicos, mientras los prusianos son protestantes, circunstancia que ha impulsado un secesionismo bávaro, muy popular -aunque la mayoría lo considere un tema trasnochado- hasta nuestros días, como prueba el hecho de que en 2017 (año del «Prusés» separatista catalán) el Tribunal Constitucional alemás se viera obligado a rechazar la posibilidad de que Baviera pudiera convocar un referéndum de secesión. Tal vez para burlarse del aparente papanatismo de Guardiola, los aficionados del Bayern le despidieron cantando el «¡Viva España!» de Manolo Escobar, ante la cara de circunstancias de Pep.

No tiene mucho sentido que tengan cabida en las aulas textos donde se presente a alumnos de 12 a 16 años la idea de que la forma de llegar a una «democracia plena» sea pedir el derecho de autodeterminación en Cataluña -camuflado arteramente como «derecho a decidir»-. Porque … «no hay en estos momentos ninguna Constitución en el mundo que contenga el derecho de autodeterminación de un territorio» -por utilizar las palabras de Francesc de Carreras, Catedrático de Derecho Constitucional muchos años en la Universidad Autónoma de Barcelona. Este tramposo «derecho a decidir», fomentado y transmitido desde la escuela, ha sido el germen de los sucesos habidos en el Parlamento catalán con la proclamaci´no de independencia de 2017 que todos conocemos. Hechos similares se podrán repetir en el futuro, porque así lo afirman los políticos que nos gobiernan. Y también porque se inculca y repite machaconamente desde la Escuela que «Cataluña es una nación».

Queremos recalcar que, con esta nueva Ley de Educación, si continúa vigente el artículo que comentamos, seguiremos teniendo 17 sistemas educativos en España. La desunión seguirá avanzando y los jóvenes nacidos en las diversas CCAA se considerarán extraños entre ellos. Además, las CCAA con otra lengua co-oficial utilizan para la transmisión de conocimientos únicamente la lengua vernácula de su territorio. Con todo ello, tenemos las bases para la destrucción de España como nación y como Estado en un próximo futuro.

En lo que respecta a Cataluña, el respeto a la identidad lingüística de todos y la igualdad de derechos lingüísticos para las dos comunidades -hispanohablante y catalanohablante- es lo que unirá a los ciudadans de Cataluña entre sí y a esta Cataluña bilíngüe con el resto de España. De lo contrario, la actual fractura interna persistirá con consecuencias impredecibles.

¿Es qué en la política española no hay ningún líder ni ningún partido dispuesto de una vez a mirar estos asuntos de política educativa nacional desde la perspectiva de una política de Estado, que trabaje por la unión, progreso y beneficio de todos los ciudadanos?

¿Es que nadie tiene ojos para ver que continuar en la dirección seguida estos últimos 40 años, con leyes educativas elaboradas a la medida de los secesionistas, nos lleva al abismo como nación? Las cosas son así de simples: una nación que no controla su educación no tiene futuro y, por ahora, España sigue sin controlar su Educación.

Carmen Leal. Profesora de Lengua y Literatura. Fundadora de «Asociación de Profesores por el Bilingüísmo»