El Tribunal Supremo británico prohibe la autodeterminación de #Escocia, por #Félix_Ovejero

No ha lugar, y dicho con determinación

La calidad de la respuesta política a los planes del Gobierno ha tenido un ejemplo indiscutible en el perfecto silencio de la oposición ante la sentencia del Tribunal Supremo británico que prohíbe el referéndum de autodeterminación escocés. Un silencio aún más enojoso cuanto que la decisión del Tribunal coincidió con la reforma de la sedición. Y que la sedición fue el camino que emprendió el nacionalismo catalán después de que el Tribunal Constitucional le dijera a Carles Puigdemont lo que acaban de decirle a Nicola Sturgeon: no tiene competencias para convocar el referéndum.

La sentencia, un ejemplo de la claridad derivada de la ausencia de complejos, establece que solo Westminster -es decir el Parlamento de la Unión- puede convocar un referéndum de esta naturaleza. Y, además, declara taxativamente: «No ha lugar aquí a hablar del derecho de autodeterminación». El no ha lugar se argumenta a partir de la sentencia de 1998 del Tribunal Supremo de Canadá sobre el caso del Quebec. Este párrafo, tan apreciado por los catalunyeses: «Quebec no cumple con la condición previa de ser un pueblo colonial o un pueblo oprimido, ni se puede entender que a los quebequenses se les ha negado un acceso significativo al gobierno con el que dañar su desarrollo político, económico, cultural y social. En estas circunstancias, la Asamblea Nacional, el poder legislativo o el gobierno de Quebec no gozan de un derecho dentro del derecho internacional para efectuar la secesión de Quebec de Canadá de forma unilateral».

La ejemplar sentencia niega, incluso, la posibilidad de un referéndum no vinculante y manda un reproche retrospectivo a Mariano Rajoy, sobre su defección dudosamente legal en el 9-N de Artur Mas. Y una advertencia de futuro al actual presidente del Gobierno, siempre tentado por la serpiente: «Aunque el referéndum no tenga consecuencias jurídicas inmediatas -razona el Tribunal-, sería un acontecimiento político con importantes consecuencias políticas». La sentencia, por último, debería ser meditada, entre otros de su fenotipo, por Lionel Barber, aquel director del Financial Times, que enderezando como de costumbre su dedo índice, siempre culpó al Gobierno español de falta de flexibilidad política. ¿Qué debería hacer ahora el Gobierno británico, díganoslo ¡oh, Barber!, si Sturgeon decidiera ignorar -lo que, por supuesto, no ha hecho- la sentencia del Alto Tribunal?

Llegando al borde acantilado de la columna no quiero dejar de decir que la sentencia pone también muy difícil la autodeterminación de Galicia.

Félix Ovejero

Lectura completa: http://www.elmundo.es/opinion/columnistas/2022/11/28/6384e826fc6c830f0f8b457a.html

La Excarcelación de #Violadores de #Irene_Montero

Comunicado Feminista sobre la Ley del «Sí es Sí»

De izquierda a derecha, Lidia Falcón e Irene Montero.

REUNIDA la Comisión Política del Partido Feminista de España, en reunión extraordinaria el 19 de noviembre de 2022, han acordado por unanimidad,

MANIFESTAR su rotundo rechazo a las manifestaciones de la Ministra de Igualdad Irene Montero respecto a la aplicación de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como la Ley del «Sí es Sí», en los procesos judiciales realizados con anterioridad a la vigencia de la Ley.

Antes de que ésta se aprobara, el Partido Feminista se manifestó en contra de su redactado y así lo expresó en un manifiesto del partido y un artículo de su presidenta Lidia Falcón, y en numerosas intervenciones de las dirigentes. No hacía falta ser un experto en leyes para entender que rebajando las penas para el delito de agresión sexual las condenas dictadas con anterioridad serían revisadas a favor del reo, que constituye un derecho democrático acordado desde hace dos siglos por las legislaciones nacionales e internacionales. Con lo que la ley que pretendía aumentar la protección de las mujeres que han padecido  agresiones sexuales se ha convertido en más benévola con los violadores y acosadores sexuales, y deja en la indefensión a una serie de víctimas.

La incompetencia de ese Ministerio ha llegado a su colmo con la redacción de esa ley que rebaja las penas a los delitos sexuales, al haber suprimido la distinción entre “abuso sexual” y “agresión sexual”. Modificación que califica de agresión toda actuación sexual en la que se forzara a la víctima, aunque estableciendo diversos grados de violencia y en consecuencia de castigo. Resulta incomprensible que en nuestro Código Penal se haya eliminado la calificación de violación, entendible por todo el mundo, para sustituirla por agresión sexual, lo que ha supuesto una escala de penas en relación a las diversas agresiones que es un absoluto enredo en el momento de juzgar.

Pero como afirmó enfáticamente la ministra de Igualdad “no se quería ser punitivo, porque el punitivismo no servía para prevenir esas conductas delictivas”, se rebajaron las penas que estaban previstas para las agresiones sexuales. Con lo cual tipifica de manera igual comportamientos muy distintos y se estipuló una escala de penas más amplia, que reduce las penas. Así se rebaja la pena de agresión sexual, que en la anterior redacción era de 5 a 10 años y en la actual, de 2 a 6, sin que se entienda la motivación de tal cambio.

Al parecer, ninguno de los asesores del Ministerio, y sepan que el Ministerio de Igualdad dispone de ciento setenta asesores, ni del Congreso se apercibieron de las consecuencias que tendría esa rebaja de penas, ni pretendieron preverla con una disposición transitoria que nunca se escribió. Sólo se puso el acento en el consentimiento prestado por la víctima para la relación sexual, por lo que a la ley se la conoce como la del “sí es sí”,

El caso, realmente ridículo para la historia legislativa española, es que durante dos años y medio el texto ha recorrido todas las instancias previstas para ser aprobado, sin que se corrigiera el redactado que ahora permitirá rebajar las penas de los ya condenados, y los de los futuros juicios. En ninguno de los trámites por los que pasó la ley, en el Ministerio de Igualdad, en el Consejo de Ministros, en el Parlamento y en los órganos consultivos, Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Estado, se detectó la ausencia de la disposición transitoria que tenía que haber regulado las consecuencias de la aplicación de la ley.

A esta incompetencia de los letrados de la cámara, de los diputados de los diversos partidos y de los órganos institucionales, hay que añadir la arrogancia de la máxima impulsora de la ley, la ministra de Igualdad, que ni siquiera es licenciada en Derecho, que rechazó con desprecio la advertencia del informe del CGPJ del riesgo de que se alteraran las penas con las revisiones de condena. La hemos visto en la televisión asegurando enfáticamente que ningún condenado vería disminuida su pena.

Pero lo que resulta más escandaloso es que tanto la ministra Montero, como la Delegada de Violencia de Género, Victoria Rosell, como la Secretaria de Estado Ángela Rodríguez, se han manifestado airada y públicamente contra los jueces que están procediendo a revisar las condenas por agresiones sexuales, a petición de los abogados en defensa de sus clientes, como es obligado.

Lo más insólito e inaceptable de las interpretaciones con que nos ha obsequiado la señora Rosell, es decir que lo que había que cambiar eran las sentencias anteriores porque no se habían tenido en cuenta determinadas agravantes. Nos resulta incomprensible que esa señora haya sido magistrada durante varios años, cuando propone cambiar la prueba de un proceso que ya tiene sentencia firme.

Nos indigna la utilización del feminismo, en esa acusación de machismo que repiten Montero y Rosell contra los jueces, que no demuestra más que el deseo de encubrir sus equivocaciones con fáciles ataques a los encargados de cumplir la ley, y que por su torpeza desprestigia a las feministas y a la lucha que hemos seguido durante siglos por hacer este país más justo.

Ciertamente, sólo cuando el Ministerio de Igualdad –que debería llamarse de la Mujer- deje de estar bajo la potestad de Podemos y de las ignorantes y fanáticas que lo administran, podremos tener esperanza de que se trabaje a favor de las mujeres, utilizando el feminismo con conocimiento, precisión y responsabilidad.

Madrid, 20 de noviembre de 2022.    

LIDIA FALCÓN O’NEILL, Presidenta del Partido Feminista de España, en representación de la Comisión Política.

Lectura completa: https://partidofeminista.es/comunicado-del-partido-feminista-de-espana-sobre-la-ley-del-si-es-si/