Austeridad y polarización nacionalista (E. Martínez y T.J. Miley) – Claves de Razón Práctica

Publicado en Claves de Razón Práctica, núm. 239, pp. 82-93 (Marzo-Abril 2015), por Enric Martínez Herrera y Thomas J. Miley

Tras la erupción de la crisis, la familiar receta neoliberal de austeridad ha supuesto una suspensión ‘de facto’, si no ‘de jure’, de la democracia en España.

Podemos Queremos

 

La crisis financiera en la Eurozona, junto con la receta de la austeridad impuesta en respuesta, han desencadenado una crisis de la democracia en España. La crisis no tiene la magnitud del proceso de polarización que condujo a la quiebra de la Segunda República, el golpe de Estado fallido y el estallido de la Guerra Civil en los años treinta. Pero se trata de una crisis de la democracia incluso si todos los contendientes por el poder significativos en la escena política española contemporánea de buen seguro consideran que la democracia es la única forma de gobierno posible. En efecto, hay fuertes indicios de que actualmente estamos presenciando el comienzo de lo que Gramsci denominó “crisis orgánica”. Según el teórico aún sin parangón del concepto de hegemonía, este tipo de crisis se produce cuando amplios segmentos de la población (desde su prisma, las clases sociales) “llegan a estar apartados de sus partidos tradicionales” – más concretamente, cuando se desprenden de la “forma de organización particular, de los hombres particulares que los constituyen, representan y conducen” (Gramsci, 1971: 210).

En estas situaciones, los representantes de los principales partidos establecidos ya no son reconocidos por las bases sociales como “expresiones genuinas” del grupo. Además, como Lustick ha desarrollado a partir de Gramsci, estas crisis proceden de “cambios drásticos que sacan a la luz ‘contradicciones incurables’”; contradicciones que, a su vez, “socavan la confianza en sí mismas de las élites estatales y los grupos dirigentes y debilitan la capacidad de las concepciones imperantes para limitar la entrada de nuevos tipos de cuestiones en el dominio público” (1993: 122).

Cualquiera que preste atención al drama que actualmente se desarrolla en la escena política española puede reconocer similitudes con los patrones descritos por Gramsci y Lustick. La crisis financiera en España significó el estallido de una burbuja mucho mayor que la del mercado de la vivienda. Constituyó en realidad un “cambio drástico” que desde entonces ha “sacado a la luz ‘contradicciones incurables’”.

Tras la erupción de la crisis, la familiar receta neoliberal de austeridad ha estado al orden del día. Esto ha entrañado una suspensión de facto – si node jure – de la democracia en el país. En verdad, el criterio, impuesto en la práctica, de “responsabilidad económica” (entendida como adhesión al régimen hegemónico de políticas públicas de austeridad) ha suplantado efectivamente no sólo las dinámicas de receptividad democrática sino también las de responsabilidad o control democrático en el ámbito del Estado (Streeck 2011; Regan 2013). Si bien el tejido social español aún no se ha hecho pedazos, se enfrenta a tensiones sistémicas sin precedente debido a los acontecimientos nefastos simultáneos de (1) fuertes aumentos en los niveles de desigualdad, (2) cada vez más escasas oportunidades de empleo, y (3) severos recortes en los servicios sociales. Así las cosas, los ciudadanos españoles son comprensible y crecientemente pesimistas acerca de las perspectivas de su bienestar material en el futuro. A la vez, también son comprensible y crecientemente escépticos acerca de la eficacia y efectividad de sus instituciones democráticas representativas para dar respuesta a la crisis económica en curso.

No es ésta la primera vez en el período posterior a la transición democrática que los gobiernos españoles han tenido que lidiar con el descontento causado por altos niveles de desempleo, mientras que, sin embargo, procura llevar a cabo políticas impopulares enmarcadas como “sacrificios inevitables” para el público español. De hecho, durante la mayor parte de los años ochenta y noventa el país sufrió pacientemente niveles de desempleo crónicamente altos sin mucha protesta social. Es más, el electorado perdonó el gobierno socialista de Felipe González sus muy impopulares políticas de reconversión industrial destinadas a la “modernización” y le reeligió en múltiples ocasiones, en gran parte debido a la verosimilitud del encuadre narrativo proporcionado por el gobierno para defender su gestión. Un marco que apelaba (1) a la inevitabilidad de las políticas dolorosas e impopulares del gobierno de adelgazamiento productivo junto a (2) alegaciones acerca de la falta de credibilidad de la oposición, así como (3) ofertas de compensaciones presentes y (quizás lo más importante) (4) promesas de luz al final del túnel (Maravall, 1999: 189-190).

Aquí la distinción entre hegemonía y dominación es muy relevante. Como Arrighi formuló de manera concisa: “Mientras que se considera que la dominación estriba principalmente en la coacción, la hegemonía se entiende como el poder adicional que corresponde a un grupo dominanteen razón de su capacidad para situar en un plano ‘universal’ todos los temas alrededor de los cuales el conflicto se recrudece” (1994: 28).

Dadas las condiciones económicas actuales, junto con las previsiones pesimistas para el futuro, hay fuertes razones teóricas para esperar una fracaso de la hegemonía y, por tanto, una relativa tendencia a la degeneración de la dominación percibida. Esto porque, en palabras de Arrighi, para que las apelaciones hegemónicas sean plausibles, deben ser al menos parcialmente ciertas. Como resultado, “[una] situación en la que la apelación del grupo dominante de representar el interés general espuramente fraudulenta” debe considerarse “una situación no de hegemonía, sino del fracaso de la hegemonía” (1994: 29).

Los gobiernos socialistas de los años ochenta y principios de los noventa distribuyeron compensaciones materiales objetivas (en forma de expansión de los servicios sociales) a cambio de consentimiento para proseguir una “terapia liberalizadora” dolorosa e impopular para la economía. En otras palabras, pese a exigir del electorado difíciles sacrificios, estos gobiernos socialistas proveyeron bases materiales para mantener el consentimiento a la discreción gubernamental (Przeworski 1985; Maravall 1993). En inquietante marcado contraste, los gobiernos actuales no han proporcionado – de hecho, no pueden – tales compensaciones materiales, cruciales para obtener una fe y apoyo sostenidos a un régimen de políticas que exige sacrificios en el presente en aras de los beneficios prometidos para el futuro. Por el contrario, el pico de desempleo y la súbita reducción de los servicios sociales en esta ocasión van de la mano. Mientras tanto, los niveles de desigualdad han aumentado, alcanzando su máximo desde la transición a la democracia (Primer Informe sobre la Desigualdad en España 2013). En la actualidad España se clasifica entre los países más desiguales de la UE, con el 20% superior en términos de ingresos acumulando 6,8 veces los del 20% inferior, más del doble de la diferencia existente en los índices para Suecia, Dinamarca, Austria, Países Bajos y Bélgica (Maravall 2013).

No es sorprendente que los niveles de satisfacción con la democracia representativa hayan caído con bastante precipitación desde el estallido de la crisis actual, lo cual refleja la desilusión generalizada con la eficacia y efectividad (o rendimiento) de los gobiernos nacionales elegidos sucesivamente (y, por tanto, cada vez más del régimen mismo) en la gestión de la crisis. Seguimos a Juan J. Linz (1978: 16-22). en la definición de “eficacia” como “la capacidad de un régimen para encontrar soluciones a los problemas básicos de cualquier sistema político (y a aquellos que devienen sobresalientes en cualquier momento histórico), las cuales se perciben más como satisfactorias que como insatisfactorias por los ciudadanos conscientes”. También seguimos a Linz en considerar la “efectividad” (o rendimiento) como “la capacidad de hecho para poner en práctica las políticas formuladas, con los resultados deseados”. Hasta la fecha, sin embargo, la crisis política se ha circunscrito a un rápida declive de la eficacia y la efectividad (o rendimiento) del régimen percibidas, pero aún no se ha traducido en una crisis del régimen en cuanto a su legitimidad básica, definida (de nuevo, siguiendo a Linz) sucintamente como “la creencia de que a pesar de las insuficiencias y los fracasos, las instituciones políticas existentes son mejores que otras que pudieran establecerse y que, por tanto, pueden exigir obediencia”.

Más incluso que la sombría situación económica, el desempleo estructural, los recortes sin precedentes en materia de derechos sociales, pueda acaso culparse a la corrupción sistémica de la crisis de credibilidad de los principales partidos políticos del país. Cabría atribuir mucho más peso causal a la serie de graves escándalos que han emergido desde el estallido de la crisis financiera-cum-orgánica, en el contexto de la cual la corrupción sistémica integrada en la economía política española se ha desbordado dando lugar a una política del escándalo (Santamaría 2014).

Pero el momento de dicha aparición no es casual. El comportamiento poco honesto tolerado tácitamente por las autoridades públicas con la aquiescencia de los públicos apáticos de consumidores en tiempos de bonanza puede llegar a ser cada vez más intolerable cuando, en un momento de bancarrota, se imponen una dura austeridad y precarias condiciones de vida sobre la mayor parte de la ciudadanía. En épocas así los dirigentes políticos tienden a estar bajo un escrutinio más estricto que aumenta la probabilidad de descubrir escándalos.

La oleada de secesionismo en Cataluña

Los últimos acontecimientos en Cataluña sólo pueden entenderse frente al trasfondo de la crisis orgánica en curso, la práctica imposición de las políticas de austeridad, y el constante flujo de escándalos de corrupción cada vez más indignantes.

Los últimos dos años y medio atestiguan un ciclo de continua movilización nacionalista en Cataluña que se ha caracterizado por abiertos desafíos de las autoridades catalanas a la legalidad constitucional sin precedentes, las cuales organizaron unilateralmente el 9 de noviembre una “consulta” plebiscitaria acerca de la independencia, optando incluso por desobedecer una decisión del Tribunal Constitucional de suspensión del plebiscito.

El giro del gobierno autonómico hacia la “política de confrontación” y la táctica de movilización callejera patrocinada por el gobierno, junto con los desafíos “populistas” a la legalidad constitucional, han sido impulsados adelante principalmente por una insistente campaña de la cadena de televisión del gobierno autonómico, TV3. Está lejos de ser una coincidencia que este giro táctico llegara mientras graves dificultades económicas sacudían el sur de Europa.

El movimiento nacionalista catalán ha detentado poder estatal a nivel regional durante más de tres décadas, y ha empleado este poder para impulsar una agenda de construcción de la nación herderiana. La política lingüística y el control del sistema educativo, así como de los medios de comunicación regional, han sido los componentes cruciales de este proyecto romántico de “pueblo”. Los nacionalistas catalanes han utilizado su dominio político y sus parcelas de poder estatal en el ámbito regional para librar una “guerra de posiciones” sobre los imaginarios nacionales y las lealtades, creencias y expectativas políticas. Han invertido décadas en institucionalizar su proyecto hegemónico de nación en cientos de formas (Martínez, 2002), haciendo que venga a ser, en palabras de Rogers Brubaker, “un sistema generalizado de clasificación social, un ‘principio de visión y división’ organizativo del mundo social” (1994: 48).

Aun así, durante la mayor parte del período democrático las autoridades catalanas se contentaban con librar su “guerra de posiciones” dentro de las reglas y límites establecidos por la Constitución española. En efecto, cuandoquiera que las normas fundamentales del orden constitucional se pusieron en cuestión, la Corte Constitucional intervino con las decisiones que configuran de manera efectiva los límites de constitucionalidad – primero, en 1986 (STC 82/1986 y STC 84/1986) y de nuevo en 1994 (STC 337/1994) – con fallos que legitimaron en gran medida el proceso de construcción nacional herderiano de “catalanización” del sistema educativo de las autoridades catalanas (si bien esbozando ciertos límites).

Más recientemente, sobre todo desde 2010, ha surgido una relación más antagónica. En los últimos cuatro años, las autoridades regionales catalanas se han mostrado cada vez más desafiantes contra el orden constitucional. Los orígenes de la coyuntura actual se remontan a una polémica y esperada decisión del alto tribunal de julio de 2010 sobre el nuevo Estatuto de Autonomía regional, el cual había sido aprobado (aunque con una participación escasa) mediante referéndum popular en Cataluña en 2006. Cuatro años después, en un veredicto largamente esperado, el árbitro constitucional finalmente sacó falta, derribando abiertamente pocas pero importantes cláusulas del nuevo Estatuto, las cuales incluyen artículos clave sobre la soberanía y la política lingüística, declarados claramente más allá de los contornos del pacto constitucional, cuyas repercusiones siguen ocupando un espacio prominente en el debate político español (Miley 2006; Martínez y Miley 2011; López Basaguren 2011).

El fallo de 2010 fue cuestionado inmediatamente por las autoridades catalanas, que tomaron las calles en respuesta vehemente, organizando una manifestación masiva en su contra de la cual el propio presidente autonómico del momento, el socialista José Montilla, hubo de salir escoltado tras la agresión de una jauría de jóvenes nacionalistas radicales. Así comenzó el actual ciclo de movilización nacionalista en la región, caracterizado por desafíos inéditos a la legalidad constitucional de las autoridades catalanas. En noviembre de 2010 la coalición nacionalista-conservadora Convergència i Unió volvió al poder autonómico, bajo la dirección del sucesor designado por Jordi Pujol, Artur Mas. Desde entonces los niveles de confrontación con el gobierno central no han dejado de intensificarse, sobre todo tras la vuelta al poder en el Congreso de Diputados en Madrid del español y conservador Partido Popular, bajo la dirección del sucesor designado por José María Aznar, Mariano Rajoy.

La “consulta” plebiscitaria unilateral sobre la independencia del 9 de noviembre, en evidente desobediencia a una decisión del Tribunal Constitucional de suspenderla, no ha sido sino la más reciente escalada en el proceso de polarización y el ciclo crecientemente desafiante de movilizaciones nacionalistas catalanas patrocinados por el gobierno regional en muchas décadas.

¿Cómo interpretar esta reciente erupción de un tipo de política más “confrontacional” que está caracterizando las relaciones entre las autoridades estatales y las autonómicas? Una lógica política relativamente autónoma, originada entre la élite política regional, está presente. Sin embargo, en última instancia, los acontecimientos recientes sólo tienen sentido si se sitúan en el contexto de la crisis financiera-cum-orgánica que sufre España. En el contexto de la crisis, el movimiento nacionalista catalán ha cambiado sus tácticas para librar una “guerra de maniobra”, intentando efectivamente un ataque rápido con la esperanza de aprovechar la oportunidad que brinda esta crisis para hacer del sueño utópico de un Estado-nación catalán independiente una realidad consumada. Sin embargo, el imperio de la ley consagrado en el orden constitucional español (y europeo) resiste en el camino.

En el proceso de movilización, y en un esfuerzo consciente por apelar más allá de su base electoral tradicional, el movimiento nacionalista ha complementado cada vez más su repertorio romántico con un discurso materialista de agravio económico según el cual el gobierno central español es culpable de “expolio fiscal”, incluso de “robo” contra el territorio en su conjunto – un tropo populista anti-redistributivo clásico que está mostrando señales de éxito en el clima doblemente propicio de desempleo extremadamente alto combinado con regresiones severas en derechos sociales. De hecho, un impresionante, aunque sobreestimado, aumento en el sentimiento separatista recorrió la región entre finales de 2010 y finales de 2012, si bien el apoyo a la independencia se ha estancado desde entonces en algún lugar alrededor del 45 por ciento a lo sumo y tras el 9N ha experimentado cierta disminución.

En vísperas del reciente plebiscito, el presidente del gobierno autonómico, Mas, junto a sus consellers de la coalición en Convergència i Unió y socios de Esquerra Republicana, incluso llegó a invocar de la distinción entre “legalidad” y “legitimidad” y, todavía, en el esplendor de su demagogia, a plantear la pregunta “¿quién teme a la democracia?”. Sin embargo, esto emana de un gobierno regional comprometido con los objetivos de austeridad en igual medida que su homólogo conservador estatal. De hecho, Mas siempre ha tenido buen cuidado, sobre todo al dirigirse a audiencias internacionales, en resaltar la lealtad de su ejecutivo a las exigencias de la Troika, por encima y más allá de cualquier litigio que pueda tener con el gobierno central y, mucho menos, con el derecho constitucional. Mas y su gobierno pueden haberse vestido con el atuendo de rebeldes populistas, pero su estilo de “rebelión” es decididamente neoliberal.

Hay una conveniente simetría – si no descarada colusión – entre las tácticas políticas que han sido empleadas por los gobiernos central y catalán, por no mencionar los intereses plutocráticos cuya agenda de austeridad ambos bandos representan por igual. Las dos partes en conflicto parecen obstinadas en mantener la agenda establecida en torno al eje de las identidades etnonacionales y la polarización nacionalista. Una cortina de humo de lo más eficaz, capaz de canalizar la indignación de algunos ciudadanos hacia su división y derrota, enfrentando la clase media y algunos segmentos de la clase obrera entre sí, imaginados como enemigos “nacionales”; y reproducir y exacerbar la enajenación de la mayoría de españoles de clase trabajadora respecto al horizonte y los términos de contestación en el debate público, eludiendo así la amenaza fundamental de fractura social según líneas de clase y en el conjunto del país que cabría esperar en un contexto de exacerbada desigualdad económica.

PODEMOS en Cataluña

Pero el efecto de cortina de humo que aunaba ambos gobiernos neoliberales en su mutuo interés de avivar y polarizar el debate político en torno al pleito territorial amaga con dejar de funcionar. Tras la derrota de la consulta del 9N, y pese al anuncio a la desesperada por el presidente Mas, tras pactarlo con ERC, de adelanto de elecciones autonómicas, con carácter plebiscitario, para el 27 de Septiembre, elprocés secesionista hace aguas. Lo que se pintaba como un imparable maremoto parece que se ha revelado como un soufflé.

De manera simultánea, el espectacular ascenso de Podemos en todas las encuestas durante 2014 parecía anunciar un cambio de eje de conflicto político en España. Impensable hace apenas siete años, por vez primera en una generación al menos, surgía la posibilidad de un despertar de la conciencia de clase.

Hasta diciembre de 2014 la cúpula de PODEMOS procuraba mantener una calculada ambigüedad hacia el “procés.” Sin embargo, a principios de 2015 ha apostado decididamente por situar en la Secretaría General de Cataluña a una candidata procedente del ámbito nacionalista. Esto obedece a varios factores, entre los cuales, ciertos dogmas sobre la autodeterminación mal entendida entre el activismo universitario del cual procede y, sobre todo, a la influencia de sus asesores catalanes. El entorno de Iglesias hubiese hecho bien en no soslayar el dominio político de las clases medias catalanas y la consecuente habilidad del nacionalismo catalán en infiltrar y cooptar los partidos de izquierda. Lo que sucedió en Cataluña al Partido Socialista Obrero Español durante la transición acaba de ocurrirle también a PODEMOS.

Era de esperar que habría una maniobra del movimiento nacionalista catalán en la lucha por la hegemonía dentro del nuevo partido. En esta maniobra, profesionales e intelectuales que se jactan de ser de izquierdas han jugado de nuevo un papel clave. Entre ellos, acaso los más influyentes hayan sido Jaume Asens, vocal del Colegio de Abogados de Barcelona, junto a Gerard Pisarrello, profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Barcelona. Ambos procedentes de Procés Constituent e impulsores de Guanyem Barcelona (ahora, Barcelona En Comú) han logrado colocarse como los “expertos de casa” sobre el tema catalán en el entorno más cercano al clan de Somosaguas. De hecho, Asens incluso entró como uno de los “paracaidistas” más destacados en la polémica lista “oficialista” que ha monopolizado todos los puestos en el Consejo Ciudadano estatal del nuevo partido.

Pisarello y Asens (2012) abogan por que PODEMOS brinde un total apoyo al “procés”, incluyendo alianzas con las “anti-sistema” CUP. A su entender, la quiebra de las reglas constitucionales en cualquier parte del Estado forzaría una crisis del régimen que sería una oportunidad de oro para llevar a cabo una ruptura social con el modelo neoliberal por todo el país. En otras palabras, aconsejan el seguidismo hacia los dictados y ritmos de movilización del movimiento nacionalista catalán, y por tanto, mano izquierda con la “casta catalana”. Más recientemente, Vicente Navarro, catedrático de Ciencias Políticas de la Universidad Pompeu Fabra y asesor económico del equipo de Iglesias, se ha sumado a Pisarello y Asens en abogar por el respaldo de PODEMOS al “procés” (2015).

Estas autoridades intelectuales subestiman de manera flagrante el grado de alienación de las capas obreras en Cataluña respecto al “procés” y, sobre todo, el enorme favor político que hacen a la derecha en el resto del país al dejarle presentarse como única defensora de la integridad de España ante la amenaza creíble de secesión de una de sus regiones más ricas, y en tiempos de crisis. Una pésima táctica que, de materializarse, conllevará más polarización en el “eje nacional”, el cual divide las capas obreras y favorece a las derechas y que, por ende, seguirá restando espacio de debate político a otros muchos asuntos que unen a las clases desfavorecidas de toda España: temas clave como pan, techo, trabajo, sanidad y educación. Aunque, por desgracia, con escaso éxito, en PODEMOS otras figuras destacadas abogan por romper con el seguidismo al nacionalismo catalán: además del ex fiscal Carlos Jiménez Villarejo, elegido como Eurodiputado, en el entorno intelectual con influencia en la cúpula han sonado voces como las de Emmanuel Rodríguez e Isidro López (2013) rechazando esa táctica.

A juzgar por las reacciones dentro del movimiento nacionalista catalán tras la visita de Iglesias Turrión a Barcelona en diciembre, había mucha preocupación por el impacto negativo que pueda tener el ascenso de PODEMOS sobre el “procés.” Su discurso en la ciudad recibió el desprecio de muchos de los agentes y cómplices de la casta nacionalista catalana que, de forma reiterada desde los años setenta, vienen usurpado la dirección de los principales partidos y organizaciones representativas de la izquierda en Cataluña. Tras treinta y cinco años de hegemonía del nacionalismo conservador pujolista, esta misma mesocracia persevera en su táctica oportunista y maniobrera de seguidismo al nacionalismo catalán. Asustados de que el libreto pudiera variar, exhumaron sin miramientos al populista republicano Alejandro Lerroux para conjurar la reencarnación de un imaginario y espectral “Emperador del Paralelo”. ¿Cuál fue el pecado del buen Pablo para granjearse la excomunión de la pseudo-izquierda local? Osó llamar a Pujol y Mas ladrones y, para desenmascarar su implicación en la farsa de “consulta”, llegó a reprochar al dirigente de las “anti-sistema” CUP su abrazo al padrone. Un mes después, sin embargo, les tranquilizó con una disculpa a su amigo Fernández.

Mientras Podemos conserve terreno en el “tablero” catalán, los improperios irán in crescendo. Por el atrevimiento de articular un discurso de conflicto de clases, desde las clases medias catalanas se ha tachado a Iglesias de “lerrouxista”. Cuando lo dicen significa que está estorbando en su, hasta hace bien poco, apacible terrer, ese cortijo denominado “oasis catalán”. Mientras tanto, desde la derecha populista española, de manera similar, le han tildado de “amigo de Chávez” y – de manera harto ofensiva – “filoetarra”. Mas con tanta demagogia identitaria de unos y otros todavía en el horizonte, Iglesias haría bien en recordar que lanzar guiños a la clase obrera no es lo mismo que implicarla en la lucha emancipatoria. Y para ganar la batalla a Merkel y la Troika serán imprescindibles su movilización y unidad.

Referencias

Arrighi, Giovanni. 1994. The Long Twentieth Century. London: Verso.

Brubaker, Rogers. 1994. “Nationhood and the National Question in the Soviet Union and Post-Soviet Eurasia: An Institutionalist Account,” Theory and Society 23: 47-78.

Gramsci, Antonio. 1971. Selections from the Prison Notebooks. New York, NY: International Publishers.

Linz, Juan J. 1978. The Breakdown of Democratic Regimes. Crisis, Breakdown, and Reequilibration. Baltimore: The Johns Hopkins University Press.

Lustick, Ian. 1993. Unsettled States, Disputed Lands. Ithaca: Cornell University Press.

Martínez-Herrera, Enric. 2002. “From Nation-Building to Building Identification with Political Communities. Consequences of Political Decentralisation in Spain, the Basque Country, Catalonia and Galicia, 1978-2001”. European Journal of Political Research (41), 421-453.

Martínez-Herrera, Enric; Thomas J. Miley. 2010. “The Constitution and the Politics of National Identity in Contemporary Spain”. Nations & Nationalism(16), 6-30.

—-. 2011. “España tras las elecciones catalanas”. Viejo Topo, 278: 26-35.

Miley, Thomas J. 2006. Nacionalismo y política lingüística: el caso de Cataluña. Madrid: Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.

Navarro, Vicente. 2015. “What is Going On in Spain? The End of an Era and the Beginning of Podemos”. Counterpunch, January 9.

Pisarello, Gerard; Jaume Asens. 2012. “El derecho a decidir y sus enemigos”. SinPermiso, 11 de noviembre.

Rodríguez, Emmanuel; Isidro López. 2013. “Las «izquierdas» ante la revolución democrática en Cataluña”. SinPermiso, 10 de Octubre.

Santamaría, Antonio. 2015. Convergència Democràtica de Catalunya: de los orígenes al giro soberanista. Madrid: Akal-Foca.

Streeck, Wolfgang. 2011. “The Crises of Democratic Capitalism,” The New Left Review, 81, Sept.-Oct., 5-29.

Notas biográficas

Dr. Enric Martínez-Herrera es Affiliated Lecturer (honorario) de la Universidad de Cambridge. Premio nacional N. Pérez-Serrano (Juan J. Linz) en Derecho Constitucional y Ciencia Política.

Dr. Thomas Jeffey Miley es Profesor de Sociología Política en la Universidad de Cambridge.

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