Aunque finja ignorarles, el ejecutivo de Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría anota y realiza una parte sustancial de las peticiones de intervención estatal de la autonomía catalana mediante el artículo 155 de la Constitución que centenares de manifestantes, con apoyo de varias entidades y partidos, vienen reclamando desde el 3 de Marzo. De hecho, hoy realizarán su 10ª concentración semanal desde Junio, como todos los miércoles.
En concreto, tras una de sus concentraciones, en declaraciones a La Gaceta y OK Diario, el 5 y el 7 de julio Enric Martínez Herrera, profesor de ciencias políticas y portavoz del partido de centro-izquierda Unidos Sí, propuso al Gobierno que las transferencias del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) a la Generalitat se hagan con una supervisión escrupulosa “de interventores contables del Estado, de manera que dejen de pagarse gastos relacionados con el ‘procés’ como ‘embajadas’, viajes internacionales, subvenciones a medios de comunicación y urnas, ni programas de inteligencia y espionaje que corresponden exclusivamente al Estado”.
Pues bien, desde dos semanas después, esta medida ya viene aplicándose, en lo fundamental, pues desde el 21 de julio el Gobierno exige un control semanal del gasto de la Administración autonómica como condición para proseguir con las transferencias financieras.
Asimismo, en sus declaraciones el profesor aconsejó que, de manera gradual y proporcional, el Gobierno “dejase de abonar los salarios de los consellers, diputados y cargos de designación política de la administración autonómica”. Para una etapa subsiguiente, el experto pedía que si no bastase esa suspensión de sueldos a dirigentes secesionistas, “se retrase el salario de los profesores de enseñanza secundaria de la región” porque “el 80% son nacionalistas y adoctrinan a sus estudiantes”.
Parece que estas recomendaciones no caen en saco roto, pues el Gobierno revela en El Confidencial un plan gradual y proporcional de intervención económica de la Generalitat hasta dejarla casi enteramente vacía de contenido sobre decisiones con coste financiero.
Rajoy graduará la respuesta a la Generalitat
Según informa El Confidencial, el Gobierno español “se ha ido de vacaciones con todo un programa de respuestas graduales a cada paso que dé” el presidente autonómico Carles Puigdemont. Fuentes cercanas al ejecutivo nacional han detallado la existencia de una batería de respuestas que se ejecutarían de manera gradual y proporcional en función de cómo evolucione el proceso secesionista. En un nivel máximo, podría llegarse a una intervención económica total de la Generalitat, aunque sin aplicar formalmente el artículo 155 de la Constitución. Así las cosas, Puigdemont seguiría al frente de la Generalitat, pero su única facultad efectiva sería la de convocar comicios autonómicos.
Esto significaría un escenario tan enérgico como la intervención total de las cuentas de la Generalitat, el control de la policía autonómica y la gestión del funcionariado autonómico, pagos a jueces y personal judicial inclusive. Con ello, pese a evitar la aplicación formal del 155, Puigdemont y su Govern secesionista se hallarían al frente de una cáscara vacía.
Ministerios clave han preparado para la Vicepresidenta Sáenz de Santamaría un listado de medidas que permitan responder, de manera gradual y proporcional, a la deriva secesionista de la Generalitat. Ahora se cuenta con una batería de «contramedidas» que culminarían en una intervención mucho más dura que la actual, la intervención “blanda” derivada de la dependencia del FLA mencionada más arriba.
Algunas de estas medidas ya se han aplicado. En concreto, la exigencia el pasado 21 de julio de que el control de gasto de la Generalitat se remita al Gobierno cada semana en lugar de cada mes: una propuesta que era la menor que planeaba el Ministerio de Hacienda. El resto podría desplegarse a partir de mañana, cuando empiece a tramitarse la ley del referéndum en lo que algunos consideran como el primer acto efectivo de desobediencia y sedición.
Sin embargo, hay más resortes económicos en espera de aplicación. Por ejemplo, la intervención de los contratos públicos, lo que vaciaría de contenido toda la Conselleria de Territori i Sostenibilitat (Josep Rull), y la de todas las empresas públicas de la Generalitat que generan este tipo de contratación. Y esto aún no sería el grado máximo de intervención, que implicaría la totalidad de la Administración regional. El criterio gubernamental consiste en que cada acción de la Generalitat tenga una respuesta central proporcionada.
Entre las medidas que prevé el Gobierno para controlar la Generalitat está la completa intervención de la contratación pública catalana
El FLA permite al Gobierno un completo control económico de la Generalitat. En la práctica, será muy complicado para Puigdemont y Oriol Junqueras (ERC) activar el referéndum de manera unilateral sin que en Madrid estén al corriente de todos los pasos. Además, en esta ocasión el Tribunal Constitucional ha advertido recurrentemente de la ilegalidad de la convocatoria y de todo lo que lleve aparejado.
La Justicia, por su lado
Estas medidas van paralelas a las que pueda desplegar la Fiscalía con sus querellas, que pueden llevar a la inhabilitación de los miembros del Govern y en multas y responsabilidad patrimonial. La ventaja es que, mientras que la Justicia tiene sus propios tiempos, el Gobierno puede adelantar los suyos y adelantarse al 1 de octubre. El Ejecutivo de Mariano Rajoy quiere evitar la sensación de pasividad y dejadez que dio antes del 9-N.
Sin embargo, las medidas no incluirían el cese de Puigdemont ni de sus ‘consellers’. Las inhabilitaciones llegarían más adelante. A la vista del calendario judicial, la primera inhabilitación en materializarse sería la de Carme Forcadell, presidenta del Parlament.
Fuentes de la Fiscalía señalan que quieren evitarse querellas masivas, por mucho que todos los diputados de Junts pel Sí hayan firmado la ley del referéndum. Así, se centrarán en el mínimo legal: los miembros del Govern y de la Mesa del Parlament y los presidentes de grupo parlamentario, sin imputar al resto de diputados autonómicos y autoridades.
Puigdemont, un Napoleón
Por su parte, fuentes cercanas al ejecutivo autonómico indican que son conscientes de la situación, como lo es el propio Puigdemont de que se puede convertir en un cargo institucional sin poder efectivo. Incluso se ha planteado la posibilidad de un Govern ‘exiliado’ de forma metafórica en el monasterio de Montserrat. Esto convertiría a Carles Puigdemont en una especie de Napoleón en la isla de Elba, una figura simbólica pero al margen del poder real. Por ello, el denominado “sanedrín” cercano a Artur Mas, una especie de estado mayor paralelo que toma buena parte de las decisiones sobre el referéndum, quiere soslayar esta situación a toda costa y, para ello, pretende dilatar las decisiones.
Intervención insuficiente
Sin embargo, el profesor Martínez advierte de nuevo al Gobierno que su plan contra el separatismo «se queda corto». “Lo único que puede acabar con este desastre es el 155”, insiste. “Estas intervenciones parciales no acabarán con el procés, como tampoco lo hará la lluvia de millones presentada en marzo, ni el paquete de nuevas concesiones a la oligarquía catalana que suele llamarse Tercera Vía”. La ineficacia de estas medidas “buenistas” de «nuevas concesiones y privilegios» es que “los nacionalistas son insaciables y que mientras sigan en el poder proseguirán en su extorsión, abuso de poder, prácticas totalitarias y golpismo civil de hechos consumados”.
“Nuevas elecciones tampoco es la solución”
Enric Martínez señala también que en las últimas semanas ha escuchado “con estupefacción” a dos destacadas dirigentes de Ciutadans, como son Inés Arrimadas y Begoña Villacís, cifrar sus esperanzas en unas elecciones autonómicas anticipadas. Según este analista electoral, “en realidad, todas las encuestas anuncian que gobernará sin remedio Oriol Junqueras”, del que otros defensores de la unidad de España alertan que “es un individuo muy peligroso que ya engañó a la vicepresidenta con su conocida hipocresía”.
Nueva concentración este Miércoles
“Catalanes por la Ley y el Seny” (sensatez) es el lema del grupo de personas “de izquierdas, de centro y de derecha” que se concentran todos los miércoles de 19:30 a 20:30 horas frente a la Delegación del Gobierno de España en Cataluña (c/. Mallorca , 278, esquina Roger de Lauria) para reivindicar la intervención estatal sobre la administración autonómica. La concentración tiene el apoyo de los partidos Unidos Sí y Vox y de las entidades Asociación de Profesores por el Bilingüismo, Associació Catalana pel Progrés, Convivencia Cívica Catalana y Somatemps.
Más información:
gaceta.es/espana/rajoy-replica-a-puigdemont-los-delirios-autoritarios-nunca-podran-vencer-al-estado-20170705-1243
okdiario.com/espana/cataluna/2017/07/07/grupos-politicos-catalanes-exigen-gobierno-suspenda-sueldo-lideres-independentistas-1141256
gaceta.es/espana/unidos-si-fla-rajoy-soraya-referendum-proces-155-16325-20170727-0650
http://www.elconfidencial.com/espana/cataluna/2017-08-15/rajoy-respondera-puigdemont-graduales_1428029