La competencia entre autonomías desarma a los poderes públicos. El tan elogiado federalismo, con frecuencia, es la vía más rápida para desmantelar la hacienda común

Cuando Mozambique se independizó de Portugal, el portugués casi desapareció del país africano. Expulsados los nativos portugueses, sólo un 5% lo usaba como segunda lengua. Desde entonces los mozambiqueños han ido abandonando sus lenguas nativas (bantúes) en favor de la metropolitana: actualmente el 50% de la población sabe hablar portugués (el 80% en zonas urbanas). La operación fue obra del gobierno izquierdista del FRELIMO. En previsión de que se disparen los anticuerpos contra la ingeniería social, recuerden que el proceso fue un calco de la consolidación del español en América tras las independencias, protagonizado por las nuevas élites dirigentes, o de aquel otro, anterior, en la Revolución francesa, cuando se impuso el francés, lengua de apenas un tercio de la población.

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No ha lugar, y dicho con determinación

La calidad de la respuesta política a los planes del Gobierno ha tenido un ejemplo indiscutible en el perfecto silencio de la oposición ante la sentencia del Tribunal Supremo británico que prohíbe el referéndum de autodeterminación escocés. Un silencio aún más enojoso cuanto que la decisión del Tribunal coincidió con la reforma de la sedición. Y que la sedición fue el camino que emprendió el nacionalismo catalán después de que el Tribunal Constitucional le dijera a Carles Puigdemont lo que acaban de decirle a Nicola Sturgeon: no tiene competencias para convocar el referéndum.

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El debate sobre los impuestos muestra que hay una izquierda racional. Y una derecha que reclama inquietantes cierres de filas.

La tesis es conocida. El Estado nos confisca lo ganado con nuestro esfuerzo. Si en el régimen señorial los siervos entregaban parte de su cosecha o de su jornada, Hacienda cumpliría funciones parecidas en nuestra era, cuando nos arrebata mediante impuestos lo obtenido con nuestro trabajo o nuestras inversiones. Una vez hemos recibido lo merecido, lo que se corresponde con nuestros esfuerzos, aparecería el Estado disponiendo de lo que no es suyo. Al obrar de ese modo, además de expoliarnos, se entrometería en nuestras vidas y limitaría nuestra libertad.

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El 3 octubre de 2017 a las ocho y media de la tarde tomaba un avión desde Sevilla hacia Barcelona. Pocas horas antes el Rey había anunciado un discurso para las nueve de la noche y durante la tarde me temí lo peor, otra dosis de cháchara complaciente con el delito y la mezquindad. Ya saben: pocas menciones a la ley y mucha cochambre palabrera alterando el sentido recto de los conceptos (pluralidad, diálogo, etc). Al aterrizar en Barcelona y conectar el teléfono, en un mensaje, bromeando, un amigo me preguntaba si yo era el autor del discurso. No, no lo había escrito pero, naturalmente, lo firmaba. Lo firmaba como firmo la Constitución: no incluía todo lo que yo hubiera dicho, pero casi todo lo que incluía lo hubiera dicho. Aquella noche llegué con dificultades a casa, caminando a través de una ciudad vandalizada por las escuadras del nacionalismo con la complacencia de su alcaldesa. Pero nada me quitaba la sonrisa de la cara. Como en el poema de Gil de Biedma, algo ya comenzado no admitiría espera. Había razones para la esperanza.

El fin de semana había resultado tenaz, como dirían en Colombia. Con la ayuda de importantes poderes mediáticos y la comprensión o la complicidad de los partidos que ahora gobiernan, la engrasada maquinaria propagandística del nacionalismo había facturado una mentira colosal sobre la represión policial. Recordarán algunos mimbres de la farsa: miles de heridos, lesiones que se cambian de extremidad, imágenes televisivas de archivo y, naturalmente, unos cuantos corresponsales extranjeros, comenzando por el del NYT [New York Times], un hombre que lo ignora todo también sobre Cataluña. Fabricantes de mentiras y voceros repitieron con coordinación de Cabo Cañaveral la cantinela. Más exactamente, la patraña: a día de hoy no ha habido ni una sola condena por el uso ilícito o desproporcionado de la fuerza. Una fiesta infantil, si tomamos como unidad de medida los perjudicados en una sola manifestación de los chalecos amarillos o en una intervención de trámite de los mossos: por ejemplo, la del 15M, que, esa sí, acabó con condenas judiciales.

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El primer artículo en España sobre la renta básica apareció en 1986 en la revista Mientras tanto. Lo recuerdo bien porque se tradujo a iniciativa mía. Su autor, Philippe van Parijs, presentaba la propuesta como una «vía capitalista al comunismo». El énfasis recaía en la primera parte, manifiestamente heterodoxa con la dogmática marxista, según la cual el socialismo era una estación de paso obligada hacia el comunismo. Con el tiempo, Van Parijs abandonó sus juveniles referencias al comunismo y cuando doce años más tarde en un denso libro, Libertad real para todos, presentó una argumentada defensa de la renta básica lo subtituló: Qué puede justificar al capitalismo (si hay algo que pueda hacerlo). La renta básica era compatible con el mercado. En las primeras líneas exponía los dos supuestos que sostenían su argumentación: “Uno: nuestras sociedades capitalistas están repletas de desigualdades inaceptables. Dos: la libertad debe tener una importancia primordial para todos”. En su elaborada argumentación Van Parijs se proponía demostrar que no hay incompatibilidad entre esas dos convicciones y, más en general, fundamentar el ideal de una sociedad libre: “el liberalismo auténtico o la libertad real para todos”. Para remachar el sentido liberal de su propuesta, el autor eligió como cubierta del libro la fotografía de un surfista: cada uno podía disponer como quisiera de su renta básica. Ni sombra de paternalismo estatal. No era un ingreso finalista, se podía gastar en libros o en vino, ni estaba vinculado a ninguna decisión acerca de qué quería hacer cada cual con su vida.

El recorrido anterior encuentra su justificación a cuenta de las filiaciones “bolivarianas” atribuidas a la propuesta del ingreso mínimo vital del gobierno. Una atribución ciertamente precipitada, a no ser que queramos conceder simpatías bolivarianas a Trump y a su iniciativa de entregar 1.000 dólares a millones de estadounidenses o a Bolsonaro y su renta básica de emergencia de 600 reales al mes, que puede llegar a 130 millones de brasileños. Hasta donde se me alcanza, más allá de su habitual fanfarria retórica, la propuesta de Podemos, en cualquiera de sus interpretaciones, anda más cerca de estas peculiares afinidades que de la renta básica. Y si quieren buscar filiaciones más lúcidas, también guarda algún parentesco con propuestas de dos grandes entusiastas del mercado, cabezas privilegiadas, como Friedman o el mismísimo Hayek, quien defendió, con su habitual inteligencia, que el Estado debía asegurar «un ingreso mínimo para todos o una suerte de suelo por debajo del cual nadie podría caer cuando uno mismo no puede proporcionárselo”. Sí, los caminos del señor.

La renta básica es otra cosa. Es incondicional. Eso, entre otras cosas, significa que es universal: la reciben todos, ricos y pobres, parados y empleados, jóvenes y viejos. Tanto si uno ha contribuido al producto social como si no. Y no se destina a las familias, sino a los ciudadanos. No es una novedad. Sucede con muchos bienes públicos, que estaban en el mundo antes de que llegáramos nosotros. Sin ir más lejos, sucede con el Estado de derecho y las libertades. Y es que es ese el terreno en el que se ha de entender la renta básica: el de la libertad. Esa es su más vertebrada justificación: para poder decir que “no”; para evitar el sometimiento a la “jurisdicción del hambre”, que diría Cervantes. Por eso no solo es incondicional, sino que debe serlo.

Por supuesto, también se puede entender como un modo de mitigar las formas extremas de pobreza. Con ciertas ventajas respecto a otras prestaciones a las que sustituye: simplifica y abarata las intervenciones, ni fraudes ni burocracias ni trabajosas monitorizaciones; elimina incentivos (perversos) a las conductas parasitarias, la trampa de las ayudas sociales; desdramatiza la flexibilidad del mercado de trabajo y mejora su eficiencia; desaparece la tentación (el trade-off) de dejar de trabajar para cobrar el paro; disipa las incívicas tramas de la discrecionalidad o el clientelismo del pan y circo. Tampoco cabe ignorar sus problemas, entre ellos el de su financiación, que no es cosa menor. Sobre todo en estos tiempos.

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La Dra. Eva Maqueira era jefa de sección del Hospital Álvaro Cunqueiro y denunció en redes sociales la «falta de previsión» de sus superiores

Una jefa de sección del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo ha sido cesada en plena crisis sanitaria ante el avance del coronavirus por «pérdida de confianza» de sus superiores, que consideran inapropiada un publicación en redes sociales en la que criticó la «falta de liderazgo y previsión» de los mandos directivos de la sanidad gallega y la «irresponsabilidad» de que los sanitarios vigueses estén trabajando sin las medidas de protección adecuadas.

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El autor lamenta que, con la llegada del nuevo Gobierno de coalición en España, el nacionalismo catalán se ha rehecho

El relato ha vuelto. Lo conocemos bien. España está en deuda con Cataluña. Mejor dicho, continúa en deuda, porque el maltrato es ancestral. Ingenuos, los catalanes en el 78 confiamos en que por fin seríamos escuchados. Nada más falso. Después de años de contribuir a la gobernabilidad, insatisfechos, depositamos nuestra última esperanza en un nuevo Estatuto. Pero una vez más nos encontramos con el desprecio y la falta de diálogo: un arbitrario recorte y hasta un partido de gobierno recogiendo firmas en contra del Estatuto. El independentismo fue la natural reacción al último intento catalán de buscar encaje en España.

Cada una de las afirmaciones contenidas en el párrafo anterior es falsa. Demostrablemente falsa. Pero como no va a estar uno escribiendo el mismo artículo toda la vida, me limitaré a sopesar la tesis de la contribución a la gobernabilidad. Sorprende su popularidad. Después de todo, los nacionalistas, por definición, siempre han aspirado a acabar con el Estado común. Otra cosa es que, como no existía la nación invocada, necesitaran tiempo para inventársela y, por ese camino, acercarse a su meta. Sin duda, en ese tiempo los nacionalistas han asegurado los Gobiernos de Madrid. Pero una cosa son los Gobiernos y otra la gobernabilidad. A la hora de elegir entre dos opciones, siempre escogieron aquella que servía a su objetivo de romper los vínculos con España y construir estructuras de Estado. Se trataba de fer país, mediante una calculada ingeniería totalitaria centrada en medios de comunicación, educación, acción exterior e imposición lingüística. Si tienen alguna duda, lean el documentado libro La telaraña de Juan Pablo Cardenal, una minuciosa descripción de cómo se destruye un Estado con los medios proporcionados por ese mismo Estado. Si a eso le quieren llamar gobernabilidad, pues son muy libres.

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El Síndic de Greuges (defensor del pueblo autonómico) reconoce la vulneración del derecho a la intimidad de los alumnos de Balaguer (Lérida) y la actuación del Departament d’Ensenyament que, en lugar de protegerlos, facilitó el acoso a los menores y a su familia que, pese a la Sentencia favorable al 25% de las clases en español, finalmente les cambió de escuela. 

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• Peleó por el liderazgo frente a Pablo Iglesias y quedó tercero 
• Fue expulsado y ahora ha logrado lo que nadie: sentar en el banquillo a la cúpula del partido morado
• «Dar más autogobierno a los ricos sólo alimenta el nacionalismo»

Casi un siglo después, en la Cataluña de su abuela Calvet, a su nieto también le llueven las miradas reprobatorias. Enric Martínez Herrera es elresponsable del primer juicio celebrado contra Podemos, al que acusa de practicar con él una «purga ideológica»: lo expulsaron de las primarias a la dirección autonómica del partido «por rechazar el derecho a decidir para Cataluña«. Por Enric, Carolina Bescansa e Íñigo Errejón han tenido que testificar ante un tribunal de Barcelona. «Siento orgullo», dice él con sonrisa resignada. Aunque no baja la cabeza ni ésta es su primera batalla. El otro politólogo con coleta que ha puesto en aprietos al partido de Pablo Iglesias es un catalán acostumbrado a nadar contra corriente.

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Por Iñaqui Gil

Mientras el PSOE culmina a tientas su viraje hacia lo establecido, Podemos se instala, con decisión, en la marginalidad. Ésta es la semana en que Pablo Iglesias se ha convertido en el tonto útil de Carles Puigdemont y del independentismo catalán.

Hay que aclarar para los más jóvenes que ‘tonto útil’ es un concepto. No un insulto. Era la expresión con la que se definía a los simpatizantes de la URSS en los países occidentales. El término se atribuye a Lenin pero, como muchas verdades del comunismo, esto es pura fabulación. Eran útiles a la Unión Soviética, sin duda, aquellos intelectuales y reporteros que cantaban sus virtudes sin reparar en las evidentes maldades del sistema. Y tontos, por creerse los embustes.

Es lo que hizo Iglesias el lunes tras reunirse con Puigdemont en un restaurante cercano al Congreso. ¿Cómo era aquello tan reprobable de hacer política en los reservados de los restaurantes?

En su ágape, el líder de la galaxia de la izquierda se comprometió con el president de la Generalitat a votar en el Congreso en contra del suplicatorio que el Tribunal Supremo va a pedir para abrir un procedimiento contra Francesc Homs. El hoy diputado era conseller del Govern de la Generalitat que promovió la consulta del 9-N de 2014. El Alto Tribunal investiga si Homs, como apuntan los indicios, cometió los delitos de prevaricación y desobediencia al Tribunal Constitucional, que había prohibido el remedo de referéndum.

¿Cómo era aquello de que había que acabar con los aforamientos, ese privilegio de la casta, Pablo?

“Estamos en contra de que se lleve a nadie a juicio por poner las urnas”, justificaron en Podemos.

El mismo argumento que había utilizado el president horas antes en un desayuno informativo en Madrid: “Hay que hacer política en los parlamentos, en las urnas; no en los tribunales. Hay que sentarse en una mesa política y no en el banquillo de los acusados”.

Gloria Elizo, presidenta de la Comisión de Garantías de Podemos, declaró este mismo mes: “Entre los postulados básicos [del partido] está el derecho de autodeterminación“. No fue un comentario cualquiera sino su testimonio ante el juzgado número 28 de Barcelona en el que Enric Martínez Herrera pleitea contra su partido tras haber sido purgado por oponerse al derecho a decidir. Poca broma.

Ya dejó escrito George Orwell, testigo de la eliminación del POUM en la Barcelona de la Guerra Civil, en su célebre Rebelión en la granja: “Todos los animales son iguales, pero algunos más iguales que otros”.

Está claro que para Podemos, los catalanes y vascos somos más iguales que el resto de los españoles. Aunque luego maticen que quieren que todos sigamos viviendo juntos.

Por ese seguidismo del nacionalismo se extravió el PSC. Y por eso, y por situar decisiones políticas por encima de la ley, Pablo Iglesias se ha convertido en el tonto útil de todos los puigdemont de Cataluña y Euskadi.

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