#ESPAÑOL para Niños y Jóvenes – Manifestación Miércoles 2-D #TabarniaObrera

Partidos y asociaciones convocan contra el “nefasto proyecto” que impedirá a los niños “estudiar en la lengua de su nación”

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¿Es de izquierdas la eliminación del español como lengua vehicular en Cataluña? ¿Es progresista una norma que aboca a la desaparición de la Educación Especial que permite atender a niños con discapacidades físicas o psíquicas? ¿Contribuye a la llamada “justicia social” suprimir el límite de suspensos para pasar de curso?

No lo consideran así los nueve organizaciones progresistas que han convocado para el próximo Miércoles 2 de diciembre una concentración frente a la Delegación del Gobierno de España en Barcelona para protestar contra la Ley Celáa de Educación. Izquierda En Positivo, el Partido FeministadCIDE, Somos España y UNIDOS SÍ -entre otras- pretenden demostrar que no sólo el centro-derecha está en contra del proyecto educativo que impulsan PSOE y Unidas Podemos y que recoge, entre otras enmiendas polémicas, la erradicación del español en el sistema educativo catalán.

Esta medida es la que más enfada a los convocantes, que señalan que algo así no tiene “nada que ver con la izquierda”, contribuye a “marginar el español” y sólo responde a la voluntad del Gobierno de buscar el apoyo de los separatistas de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado.

En esta línea, EL ESPAÑOL publicó recientemente una encuesta realizada por Sociométrica que demostraba que cuatro de cada diez socialistas desaprueban la enmienda aprobada por el Gobierno junto a los separatistas de ERC.

Demandamos a los partidos del arco parlamentario que se reclaman de izquierdas que rectifiquen ese nefasto proyecto de ley con las enmiendas pertinentes”, afirmas las organizaciones en un comunicado compartido con este medio.

“Ley de desigualdad”

Entre los convocantes a la concentración progresista contra la Ley Celaá figura el vicepresidente de Sociedad Civil Catalana, el histórico socialista Javier Marín, que abandonó recientemente el PSC tras acusar a Iceta de haber traicionado los principios de la izquierda por mostrar connivencia con el nacionalismo.

En conversación con EL ESPAÑOL, Marín afirma haber “recibido ataques” por la convocatoria. “Están torpedeando nuestra concentración porque a la izquierda oficial le hace más daño una crítica desde la izquierda que aquella crítica que ya esperaban del centro-derecha”, arguye.

“Es pedagógico que la gente de izquierdas expliquemos por qué nos oponemos a esta ley”, reflexiona Marín. “No nos oponemos en bloque a la Ley Celaá”, prosigue, en defensa de la medida que -en su opinión- “acaba con el adoctrinamiento religioso en las escuelas”.

Sin embargo, el exmiembro del PSC considera injustificable que PSOE y Unidas Podemos estén “olvidando los principios de izquierdas, como el de la igualdad“: “Esta ley practica de facto la desigualdad con los niños cuya lengua materna es el español”.

Esa desigualdad en la enseñanza después produce desigualdades en las oportunidades laborales. Cualquier estudiante que haya estudiado en Cataluña, si ha de trasladarse a trabajar a Aragón, tiene un problema gordo porque no domina el español”, asegura Marín, que ha podido comprobar de primera mano esta realidad en su condición de profesor universitario de la Universidad Autónoma de Barcelona -labor que desempeña desde 2007-.

En esta línea, Enric Martínez -portavoz del partido UNIDOS SÍ– defiende que el motivo de la concentración es “la defensa de los niños y jóvenes con el español como lengua materna, sobre todo de clase obrera, que tienen derecho a la igualdad de oportunidades en la escuela“.

“Ahora, su fracaso escolar es el doble que para los catalanoparlantes”, asegura el excandidato a secretario general de Podemos en Cataluña, en referencia a las bajas calificaciones y abandono escolar.

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“Tregua Catalana” – Julio Villacorta

El próximo 14 de febrero, en el mes más frío del año, en Cataluña, se celebrarán las elecciones autonómicas bajo un panorama desolador: crisis sanitaria, crisis económica y crisis institucional.

Incertidumbre, desinformación e ignorancia.

El confinamiento, el cierre de establecimientos, la paralización de parte de la actividad económica, la precarización del sistema educativo. Todo para evitar la más que probable saturación del sistema sanitario; un espectáculo escandaloso que hundiría la moral ciudadana.

Con el turismo y la restauración cerrados; sus propietarios dejarán de pagar los alquileres de sus locales, sus empleados dejarán de pagar los alquileres de sus viviendas.

Sin ingresos, los propietarios de locales y viviendas desencadenarán el desplome de la economía.

Frente a todo ello: una clase política atrapada en sus propias limitaciones y obsesionada por pisarse la manguera en una dinámica autodestructivo. Cuando la realidad es que, mientras no llegue la vacuna, será el imperio del darwinismo el que se impondrá con su selección natural.

Y en Cataluña, todo, superpuesto a una crisis institucional que arrastramos desde hace más de 10 años, que ofrece un panorama que bien puede calificarse de «autonomía fallida», donde el catalanismo, desbocado, prepara, minuciosa y astutamente, el «fin de la historia» de España.

Ante este espectáculo, quienes deseamos mantener viva esa historia, sólo tenemos una salida que salve la dignidad de nuestro sistema político. Una tregua en el combate político para poner en marcha la sinergia necesaria para concentrarnos en la construcción del futuro de todos.

Para este combate es imprescindible definir los actores alineados en esta visión nacional e identificar los objetivos compartidos para configurar el programa común que permita presentar una oferta electoral unitaria.

Se precisa en Cataluña una «TREGUA CATALANA» que permita alinear fuerzas políticas distintas en la lucha por la continuidad histórica española, en la defensa de la democracia española y su soberanía, única garantía de igualdad, libertad y solidaridad.

Julio Villacorta

La izquierda que SÍ defiende a los Hablantes de #Español ante la #LeyCeláa

Un manifiesto reclama que las formaciones que se reclaman progresistas rectifiquen un proyecto «nefasto»

Niños-tutelados

Óscar Benítez

«¿Conocen ustedes algún país del mundo donde en una parte de su territorio nacional, desde su escuela pública, gratuita y obligatoria, no se les enseñe a sus niños el idioma nacional? Ninguno», con estas declaraciones de Alfonso Guerra en TVE —que han levantado indignación entre los nacionalistas— arranca un manifiesto que, bajo el título La izquierda ante la ‘Ley Celaá’, denuncia la exclusión del español como lengua vehicular en dicha norma.

La novedad del texto —que se suma a otras muchas reacciones surgidas esta semana contra la polémica enmienda de la nueva ley educativa— radica en que la protesta se emite desde posiciones inequívocamente de izquierda«Las organizaciones abajo firmantes, todas ellas situadas en el ámbito de la izquierda política, queremos denunciar el intento del Gobierno Español de eliminar de hecho la enseñanza del idioma español de las escuelas públicas catalanas, vascas, gallegas, valencianas y baleares, justificándolo como una operación de cambio de cromos con los grupos independentistas, para que a cambio apoyen los PGE», critica el documento.

La igualdad reside en la oficialidad efectiva de las lenguas

El texto prosigue recordando que la educación «obligatoria, pública y gratuita» fue una conquista de la izquierda española «arrancada a la derecha conservadora» reflejada en la Constitución e inspirada en el concepto de igualdad. Y dicha igualdad, subrayan los firmantes, reside especialmente en el artículo constitucional que reconoce al castellano como lengua oficial de Estado. Sin embargo, lamentan que las leyes orgánicas de educación, que «deberían haber concretado la aplicabilidad en las lenguas del concepto lenguas cooficiales, no lo hicieron; ni bajo los gobiernos del PP, ni de los del PSOE».

«El papel de bisagra de las minorías nacionalistas vasca y catalana, para inclinar gobiernos a la derecha o a la izquierda, convirtió el derecho fundamental de los niños a ser educados en la lengua materna (UNESCO), en una oprobiosa moneda de cambio de los distintos gobiernos», aclara el manifiesto. La consecuencia, relata, es el aumento significativo del fracaso escolar de los niños pertenecientes a las capas populares de la población, «las más desfavorecidas, las que no tienen oportunidad económica de acceso a la educación privada o concertada».

Abogan por un uso igualitario de las lenguas al 50%

Por otra parte, el documento afirma que la cooficialidad lingüística resulta imposible cuando alguna de ellas tenga un trato «desigual o marginal». «Las lenguas serán efectivamente cooficiales cuando la ley establezca su uso igualitario al 50% y despliegue un servicio de inspección en todo el territorio español que vele por su cumplimiento. Justo lo contrario que prevé la ley Celaá que los suprime. Sería lo mismo que promulgar una ley de riesgos laborales y eliminarlos inspectores de trabajo.», sostiene.

Finalmente, los firmantes demandan a los partidos que se «reclaman de izquierdas que rectifiquen ese nefasto proyecto de ley con las enmiendas pertinentes». «De lo contrario», avisan, «auguramos nuestra firme determinación de llamar a la movilización popular para combatir esa tremenda injusticia». El texto ha sido rubricado por Pedro Fernández, presidente de ACP; Antonio Robles, presidente de dCIDE; Miguel del Amo, presidente de IZP; Javier Marín, copresidente de Rojos-España; Luis-Carlos Nogués, de Somos España; y Enric Martínez, portavoz de UNIDOS SÍ.

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