Tras semanas de negociaciones entre el Gobierno, Ciutadans (C’s) y fuerzas nacionalistas y regionalistas, con numerosas y onerosas concesiones a los intereses territoriales representados por éstas, el Congreso ha aprobado los Presupuestos Generales del Estado de 2018 por 177 votos a favor, 168 en contra y 2 abstenciones. Así, pasados meses en vilo con una prórroga sine die de los presupuestos anteriores, ahora, con los votos de Ciutadans, Partido Nacionalista Vasco (PNV), Unión del Pueblo Navarro (UPN), Foro Asturias, Nueva Canarias y Coalición Canaria, el Gobierno logra la aprobación del nuevo proyecto presupuestario.

La formación de Albert Rivera ha tenido que soslayar algunas aparentes contradicciones, como lo es votar junto al partido que obtuvo lo que ellos denominan como «el cuponazo», es decir, un nuevo cupo vasco que nominalmente está desvinculado de los presupuestos, pero muy cercano en el tiempo, así como numerosas concesiones a las formaciones regionalistas de Asturias, Canarias y Navarra.

Según el nuevo presupuesto, la previsión para 2018 de gasto público total desciende hasta el 40,5% del producto interior bruto (PIB), en comparación a la media europea del 46%. El  objetivo declarado del Ejecutivo es que acabe en el 38% en 2020. En Sanidad, el gasto de estos PGE de 2018 es de 5,8% (el más bajo desde 2007) y en Educación el 3,8% (el más bajo en 20 años).

Partidas para Asturias, Canarias y Navarra

Las enmiendas acordadas con Unión del Pueblo Navarro (UPN) implican gastar 50 millones de los Presupuestos en carreteras, la cuenca hidrográfica del Ebro e instalaciones deportivas, mientras que Foro Asturias ha llevado a las cuentas 20 millones en ayudas a las centrales térmicas para reducir emisiones, más subvenciones a la reconversión industrial e impulso a las cuencas mineras. En total, más de 60 millones, según aseguran en este partido.

A su vez, Coalición Canaria ha acordado los requisitos para que las comunidades autónomas pueden gastar el remanente de sus superávit, con un límite de inversiones de hasta 25 millones, a partir del cual estas administraciones deberán contar con la autorización de Hacienda. Tanto Nueva Canarias (NC) como Coalición Canaria han acordado que el Ministerio de Energía pueda incrementar las retribuciones a aquellas instalaciones eléctricas que aumenten su capacidad. Además, con NC se han acordado bonificaciones al 75% del transporte interpeninsular, con vigencia indefinida, y extendida también a Baleares, Ceuta y Melilla.

Menos gasto público, IPREM congelado

Los presupuestos prevén para este ejercicio un crecimiento económico optimista, del 2,7%, y una subida del techo de gasto del 1,3%. Esto sitúa el gasto público en el 41% del PIB, el más bajo desde 2007. En cuanto al gasto social, aumenta un 2,8% y, si se descuenta la partida para el desempleo, un 3,5%. La comparación con el PIB nominal implica un incremento del 4,30%. El Gobierno aduce que esto permitirá cumplir la previsión de déficit público del 2,2% del PIB para salir del procedimiento de déficit excesivo de Bruselas. Sin embargo, la Comisión Europea ya ha dicho que no confía en esta senda de estabilidad del Ejecutivo.

Uno de los indicadores clave para el acceso y la cuantía de ayudas, subsidios y becas a los que recurren los cerca de 13 millones de españoles en riesgo de exclusión social ha quedado congelado. En este sentido, el crecimiento del IPREM (Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples) para este ejercicio es cero. Un cero nominal que, debido a la inflación, significa una reducción en términos de valor real. Lo cual aboca a un ulterior aumento de la desigualdad en España.

Asimismo, pese a algunos gestos durante las últimas semanas, las empleadas de hogar, uno de los colectivos más vulnerables económicamente, también se han visto perjudicadas: los presupuestos incluyen una enmienda que mantiene las bases de cotización de las trabajadoras domésticas por debajo de sus salarios hasta el año 2024, pese a que la legislación establece que sea hasta 2019.