Unidos y Socialistas+ era la única candidatura que se oponía a la “tercera vía” además de la secesión.
La administración electoral de Barcelona, vinculada orgánicamente a los gobiernos de la Generalitat y de Mariano Rajoy, impide una vez más que candidaturas opuestas al catalanismo político se proclamen para las elecciones. La coalición “Unidos y Socialistas+ por la Democracia” denuncia exclusiones a tres candidaturas que reunían los requisitos legales, tanto en los comicios generales de 2016 como en los autonómicos de 2017, ahora en curso, ya que la “no proclamación” implica que se les omita en el recuento de votos válidos y que sus papeletas no estén en los colegios electorales.
Una exclusión habitualmente aplicada tiene su origen en la Delegación Provincial del Instituto Nacional de Estadística (dependiente del Ministerio de Economía, Industria e Innavación), a la que corresponde la certificación de los avales que se exigen a los partidos sin representación parlamentaria y que hacen que cada vez haya menos alternativas (esta vez, tan sólo 10 candidaturas en Barcelona, de las cuales una es un “partido instrumental” de ERC).
El Jefe de Sección correspondiente, funcionario del Estado, pero de intensas convicciones nacionalistas según se puede demostrar ahora, invalidó en 2016 un 31% de sus 5.029 avales a la coalición “Unidos por el Futuro”, siendo necesarios 4.131. Ahora, en 2017, dicho funcionario se ha permitido invalidar un 32% de los 6.050 avales presentados por “Unidos y Socialistas+ por la Democracia”, impidiéndoles así alcanzar el umbral de 4.157 avales exigido esta vez. Incluso peor ha sido su criba de 2.000 avales (un 40% de 5.000 aportados) a otro partido unitarista que también ha sido excluido por este procedimiento.
Varapalo judicial al INE y la Junta Electoral Provincial de Barcelona
Sin embargo, presentado recurso contencioso electoral por Enric Martínez Herrera, representante de la coalición, el juez de lo contencioso-administrativo ha dictado sentencia que corrige tanto al responsable del INE como a los de la Junta Electoral Provincial de Barcelona. En 2016 el personal de la Junta Provincial, pese a ser su obligación, no informó de la posibilidad de subsanar avales mal certificados por el INE. En 2017, con la experiencia de la sentencia judicial que instó el año anterior, el responsable de la coalición ha tramitado oportunamente la comprobación y corrección de la certificación, pidiendo el reconocimiento de 579 avales invalidados por el INE.
Sin embargo, la Junta Electoral Provincial ha ignorado este derecho ejercitado por la coalición y, con ello, “omitió un trámite establecido en la LOREG”, según juzga el magistrado, quien además invoca doctrina constitucional que prescribe “un deber de colaboración de la administración electoral”. Por tanto, por sentencia firme, el juzgado reconoce a “Unidos y Socialistas+ por la Democracia” la aportación de suficientes avales.
Omisión de deber de colaboración de la Junta Electoral Provincial de Barcelona
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