El Tribunal Supremo británico prohibe la autodeterminación de #Escocia, por #Félix_Ovejero

No ha lugar, y dicho con determinación

La calidad de la respuesta política a los planes del Gobierno ha tenido un ejemplo indiscutible en el perfecto silencio de la oposición ante la sentencia del Tribunal Supremo británico que prohíbe el referéndum de autodeterminación escocés. Un silencio aún más enojoso cuanto que la decisión del Tribunal coincidió con la reforma de la sedición. Y que la sedición fue el camino que emprendió el nacionalismo catalán después de que el Tribunal Constitucional le dijera a Carles Puigdemont lo que acaban de decirle a Nicola Sturgeon: no tiene competencias para convocar el referéndum.

La sentencia, un ejemplo de la claridad derivada de la ausencia de complejos, establece que solo Westminster -es decir el Parlamento de la Unión- puede convocar un referéndum de esta naturaleza. Y, además, declara taxativamente: «No ha lugar aquí a hablar del derecho de autodeterminación». El no ha lugar se argumenta a partir de la sentencia de 1998 del Tribunal Supremo de Canadá sobre el caso del Quebec. Este párrafo, tan apreciado por los catalunyeses: «Quebec no cumple con la condición previa de ser un pueblo colonial o un pueblo oprimido, ni se puede entender que a los quebequenses se les ha negado un acceso significativo al gobierno con el que dañar su desarrollo político, económico, cultural y social. En estas circunstancias, la Asamblea Nacional, el poder legislativo o el gobierno de Quebec no gozan de un derecho dentro del derecho internacional para efectuar la secesión de Quebec de Canadá de forma unilateral».

La ejemplar sentencia niega, incluso, la posibilidad de un referéndum no vinculante y manda un reproche retrospectivo a Mariano Rajoy, sobre su defección dudosamente legal en el 9-N de Artur Mas. Y una advertencia de futuro al actual presidente del Gobierno, siempre tentado por la serpiente: «Aunque el referéndum no tenga consecuencias jurídicas inmediatas -razona el Tribunal-, sería un acontecimiento político con importantes consecuencias políticas». La sentencia, por último, debería ser meditada, entre otros de su fenotipo, por Lionel Barber, aquel director del Financial Times, que enderezando como de costumbre su dedo índice, siempre culpó al Gobierno español de falta de flexibilidad política. ¿Qué debería hacer ahora el Gobierno británico, díganoslo ¡oh, Barber!, si Sturgeon decidiera ignorar -lo que, por supuesto, no ha hecho- la sentencia del Alto Tribunal?

Llegando al borde acantilado de la columna no quiero dejar de decir que la sentencia pone también muy difícil la autodeterminación de Galicia.

Félix Ovejero

Lectura completa: http://www.elmundo.es/opinion/columnistas/2022/11/28/6384e826fc6c830f0f8b457a.html

La Excarcelación de #Violadores de #Irene_Montero

Comunicado Feminista sobre la Ley del «Sí es Sí»

De izquierda a derecha, Lidia Falcón e Irene Montero.

REUNIDA la Comisión Política del Partido Feminista de España, en reunión extraordinaria el 19 de noviembre de 2022, han acordado por unanimidad,

MANIFESTAR su rotundo rechazo a las manifestaciones de la Ministra de Igualdad Irene Montero respecto a la aplicación de la Ley de Garantía Integral de Libertad Sexual, conocida como la Ley del «Sí es Sí», en los procesos judiciales realizados con anterioridad a la vigencia de la Ley.

Antes de que ésta se aprobara, el Partido Feminista se manifestó en contra de su redactado y así lo expresó en un manifiesto del partido y un artículo de su presidenta Lidia Falcón, y en numerosas intervenciones de las dirigentes. No hacía falta ser un experto en leyes para entender que rebajando las penas para el delito de agresión sexual las condenas dictadas con anterioridad serían revisadas a favor del reo, que constituye un derecho democrático acordado desde hace dos siglos por las legislaciones nacionales e internacionales. Con lo que la ley que pretendía aumentar la protección de las mujeres que han padecido  agresiones sexuales se ha convertido en más benévola con los violadores y acosadores sexuales, y deja en la indefensión a una serie de víctimas.

La incompetencia de ese Ministerio ha llegado a su colmo con la redacción de esa ley que rebaja las penas a los delitos sexuales, al haber suprimido la distinción entre “abuso sexual” y “agresión sexual”. Modificación que califica de agresión toda actuación sexual en la que se forzara a la víctima, aunque estableciendo diversos grados de violencia y en consecuencia de castigo. Resulta incomprensible que en nuestro Código Penal se haya eliminado la calificación de violación, entendible por todo el mundo, para sustituirla por agresión sexual, lo que ha supuesto una escala de penas en relación a las diversas agresiones que es un absoluto enredo en el momento de juzgar.

Pero como afirmó enfáticamente la ministra de Igualdad “no se quería ser punitivo, porque el punitivismo no servía para prevenir esas conductas delictivas”, se rebajaron las penas que estaban previstas para las agresiones sexuales. Con lo cual tipifica de manera igual comportamientos muy distintos y se estipuló una escala de penas más amplia, que reduce las penas. Así se rebaja la pena de agresión sexual, que en la anterior redacción era de 5 a 10 años y en la actual, de 2 a 6, sin que se entienda la motivación de tal cambio.

Al parecer, ninguno de los asesores del Ministerio, y sepan que el Ministerio de Igualdad dispone de ciento setenta asesores, ni del Congreso se apercibieron de las consecuencias que tendría esa rebaja de penas, ni pretendieron preverla con una disposición transitoria que nunca se escribió. Sólo se puso el acento en el consentimiento prestado por la víctima para la relación sexual, por lo que a la ley se la conoce como la del “sí es sí”,

El caso, realmente ridículo para la historia legislativa española, es que durante dos años y medio el texto ha recorrido todas las instancias previstas para ser aprobado, sin que se corrigiera el redactado que ahora permitirá rebajar las penas de los ya condenados, y los de los futuros juicios. En ninguno de los trámites por los que pasó la ley, en el Ministerio de Igualdad, en el Consejo de Ministros, en el Parlamento y en los órganos consultivos, Consejo General del Poder Judicial y Consejo de Estado, se detectó la ausencia de la disposición transitoria que tenía que haber regulado las consecuencias de la aplicación de la ley.

A esta incompetencia de los letrados de la cámara, de los diputados de los diversos partidos y de los órganos institucionales, hay que añadir la arrogancia de la máxima impulsora de la ley, la ministra de Igualdad, que ni siquiera es licenciada en Derecho, que rechazó con desprecio la advertencia del informe del CGPJ del riesgo de que se alteraran las penas con las revisiones de condena. La hemos visto en la televisión asegurando enfáticamente que ningún condenado vería disminuida su pena.

Pero lo que resulta más escandaloso es que tanto la ministra Montero, como la Delegada de Violencia de Género, Victoria Rosell, como la Secretaria de Estado Ángela Rodríguez, se han manifestado airada y públicamente contra los jueces que están procediendo a revisar las condenas por agresiones sexuales, a petición de los abogados en defensa de sus clientes, como es obligado.

Lo más insólito e inaceptable de las interpretaciones con que nos ha obsequiado la señora Rosell, es decir que lo que había que cambiar eran las sentencias anteriores porque no se habían tenido en cuenta determinadas agravantes. Nos resulta incomprensible que esa señora haya sido magistrada durante varios años, cuando propone cambiar la prueba de un proceso que ya tiene sentencia firme.

Nos indigna la utilización del feminismo, en esa acusación de machismo que repiten Montero y Rosell contra los jueces, que no demuestra más que el deseo de encubrir sus equivocaciones con fáciles ataques a los encargados de cumplir la ley, y que por su torpeza desprestigia a las feministas y a la lucha que hemos seguido durante siglos por hacer este país más justo.

Ciertamente, sólo cuando el Ministerio de Igualdad –que debería llamarse de la Mujer- deje de estar bajo la potestad de Podemos y de las ignorantes y fanáticas que lo administran, podremos tener esperanza de que se trabaje a favor de las mujeres, utilizando el feminismo con conocimiento, precisión y responsabilidad.

Madrid, 20 de noviembre de 2022.    

LIDIA FALCÓN O’NEILL, Presidenta del Partido Feminista de España, en representación de la Comisión Política.

Lectura completa: https://partidofeminista.es/comunicado-del-partido-feminista-de-espana-sobre-la-ley-del-si-es-si/

La política fiscal debe volver a los fundamentos

Subir los impuestos a los ricos no es solo justo, sino también algo necesario para lograr la cohesión social

Las recientes y abultadas subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal [de Estados Unidos] y el Banco Central Europeo indican que los responsables de la política monetaria están decididos a actuar con contundencia para reducir la inflación. Pero ¿dónde están las legiones de analistas económicos que durante años han sostenido que la política fiscal, que suele entenderse como gasto deficitario, debe desempeñar una función mucho más activa en la gestión de los ciclos económicos? …

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Qué conmemora el #Día Internacional de la #MujerTrabajadora en #Tabarnia

Hechos que llevan a recordar la fecha que desde hace más de 40 años se conmemora en todo el mundo

Cartel apócrifo, de autor desconocido

La tragedia, las movilizaciones de miles de obreras, las demandas de mejoras laborales, equidad salarial y derechos, entre otros sucesos, originaron la fecha que desde 1975 se conmemora cada 8 de marzo. Antes de que la ONU institucionalizara esta conmemoración específicamente, era recordada como el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, ya que su concepción y espíritu de origen fue netamente sindicalista.

El día evoca la lucha obrera que durante décadas llevaron adelante miles de trabajadoras en todo el mundo que proclamaron el reconocimiento de sus derechos. Lo hicieron marchando por las calles de las grandes ciudades que ya habían visto caminar a los artífices de las revoluciones sociales. El 8 de marzo de 1875 cientos de mujeres trabajadoras de una fábrica de textil de Nueva York marcharon por las calles de la ciudad denunciando los bajos salarios y la diferencia que sufrían en comparación con sus pares: la mayoría cobraba menos de la mitad que los hombres.

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#EscuelaDemocrática – Comunicado de la Izquierda de #Tabarnia @_EscueladeTodos

Comunicado de consenso de «Aire», «Izquierda en Positivo» y «Unidos Sí», impulsado por Julio Villacorta, en apoyo de una escuela democrática, incluyente, sin privilegios étnicos para unos a costa de fracaso educativo para otros.

  1. Las fuerzas políticas y organizaciones cívicas que suscriben este comunicado,
  2. Vista la sentencia del TSJ de Cataluña y posterior resolución de Tribunal Supremo,
    estableciendo la obligatoriedad de que sea impartido al menos un 25% de clases en castellano, con inclusión de al menos una asignatura troncal, en todas las escuelas públicas y concertadas de Cataluña.
  3. Vista la actitud de manifiesta y contumaz insumisión alardeada por la Generalidad de Cataluña.
  4. Vista la solicitud planteada por Ana Losada, presidenta de la Asociación por una Escuela Bilingüe, en reunión convocada el 5 de febrero por Ángela Herrero, Coordinadora de Educación de SCC.
  5. Considerando que, hasta la fecha, todos los gobiernos de Cataluña han practicado una política de manifiesta marginación y disimulado intento de erradicación de la lengua oficial común española de la vida pública.
  6. Considerando que la llamada inmersión lingüística practicada en la escuela catalana no se ha guiado por criterios pedagógicos, sino que ha sido un mero instrumento del proyecto catalanista de “construcción nacional” de Cataluña.
  7. Considerando que dicho proyecto ha ignorado tanto la condición de cooficial de la lengua española en Cataluña como los derechos lingüísticos de las niñas y niños hispanohablantes, desoyendo al respecto todas las recomendaciones pedagógicas de la UNESCO y la carta de los derechos del niño, y olvidando que no son las lenguas los sujetos de derecho, sino las personas.
  8. Considerando radicalmente falsa la afirmación de que “la inmersión es un sistema de éxito”, por no garantizar un conocimiento profundo de la lengua española en su registro culto por parte de la totalidad del alumnado, al ser relegado en la práctica al papel de mera lengua de uso doméstico, ajena a la transmisión de saber y apartada tanto del mundo institucional como del de la cultura.
  9. Considerando que, contrariamente a lo que se suponía uno de sus objetivos iniciales, el sistema de la inmersión obligatoria monolingüe no contribuye a aumentar la cohesión social en Cataluña ni a facilitar el “ascensor social” de las clases más desfavorecidas, sino que contribuye por el contrario a aumentar el fracaso escolar del alumnado hispanohablante, a limitar sus posibilidades de promoción social y
    económica y, por lo tanto, a mantener las condiciones de explotación social.
  10. Considerando pervertido el proyecto de la “Escuela Común” por su manifiesto carácter totalizante de sesgo catalanista.
  11. Considerando que dicho proyecto nacionalista conlleva la intención de una encubierta expropiación nacional identitaria de los hijos de las familias hispanohablantes, con desprecio de su pluralidad de orígenes y de sus lazos afectivos y culturales con el resto de los españoles.
  12. Considerando que la persistencia de estas políticas crea las condiciones para que en el futuro se pueda repetir, esta vez por desbordamiento social, el intento secesionista sobre bases sociolingüísticas irreversibles.
  13. Manifestamos nuestro apoyo a la petición que nos ha solicitado Ana Losada, presidenta de AEB, y animamos a todos nuestros votantes, afiliados y simpatizantes, y a la sociedad en general, a movilizarse y participar activamente en la misma, y
  14. Convocamos a iniciar una estrategia de apoyo a dar por finalizadas las medidas de discriminación fraudulentamente «positiva», a establecer un nuevo criterio de normalización lingüística en Cataluña y al impulso de un verdadero modelo de escuela democrática que permita y garantice:
    14.1. La igualdad de derecho de los alumnos de Cataluña a la enseñanza en su lengua materna, cuando ésta es lengua oficial, cumpliendo la carta de los derechos del niño y siguiendo en lo posible las recomendaciones de la UNESCO.
    14.2. El carácter vehicular, en condiciones de igualdad, de las dos lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma de Cataluña: español y catalán, así como aranés en el Valle de Arán, a lo largo de todo el recorrido educativo de los alumnos.
    14.3. La progresiva libre elección, por parte de los padres, una vez garantizados los mínimos legalmente exigibles, de las sucesivas posiciones del «centro de gravedad lingüístico» a lo largo del citado recorrido educativo, en función de la lengua materna, los criterios docentes, el entorno social y las propias preferencias de los alumnos.
    14.4. Y el respeto de los derechos lingüísticos de todos los ciudadanos de Cataluña de acuerdo con la Carta Europea de las lenguas minoritarias y la Constitución Española.

Suscriben los partidos políticos:

Unidos Sí. Fdo. Enric Martínez Herrera

Aire. Fdo. Jordi Cuevas Gemar

Izda. en Positivo. Fdo. Miguel del Amo Bonilla

En Barcelona, a 21 de febrero de 2022.

De #Yturriaga desmonta al social-catalanista Quim #Coll

El prestigioso diplomático y veterano embajador rebate los argumentos del publicista político en defensa del PSC-PSOE y Pedro Sánchez

Las declaraciones de Joaquim Coll a Iñaki Ellakuría publicadas en «El Mundo» de ayer son lamentables. En la entrevista, considera al PSOE y al PSC como partidos distintos a los que exculpa de la actual situación en Cataluña, de la que culpa a Mariano Rajoy y la derecha, a la que acusa de carecer de sentido de Estado. Ensalza la labor de Pedro Sánchez, al que la derecha acusa en base a mentiras, pues no ha hecho nada para traicionar a la democracia española ni ha cedido nada a ERC. Comento algunas de las disparatadas afirmaciones de Coll, que espero que no reflejen la posición de Societat Civil Catalana (SCC).

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Por #Soria, PROGRESO DE CIUDADES de Castilla y León (@PPCCAL) #SoriaViva

En las Elecciones Autonómicas de Castilla y León de 2022 UNIDOS SI damos apoyo a esta candidatura, construida entre muchos a partir de un partido con orientación progresista y años de esfuerzo que ha sabido progresar desde justas reinvindicaciones locales, para defenderse de un fuerte «neocentralismo» en la comunidad autónoma más grande en territorio de España (con 9 provincias), hasta planteamientos abiertos al mundo, sobre todo hacia Hispanoamérica, y que tiene previsto modificar su denominación y estatutos en consonancia con su nuevo alcance nacional e internacional. Progreso de Ciudades de Castilla y León concurre en la provincia de Soria con David Fernández Vaquero a la cabeza.

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La #inmersión etnolingüística

El uso partidista de las lenguas altera la convivencia en Cataluña

Desde la promulgación de los decretos de inmersión (1992), que instituyó el modelo monolingüe en la enseñanza obligatoria en Cataluña, se han sucedido las polémicas lingüísticas con mayor o menor intensidad. A partir de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatuto de Autonomía (2010) se han dictado diversas resoluciones judiciales que instan a la Generalitat a reconocer al castellano el carácter de lengua vehicular en la enseñanza en la proporción que ésta considere adecuada en el ejercicio de sus competencias exclusivas en la materia. Los subterfugios legales utilizados por la administración autonómica para evitar implementar estas sentencias condujeron al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) a establecer la cuota del 25 % de clases en castellano. Una resolución recurrida ante el Tribunal Supremo, que ha rechazado admitirla a trámite.

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¿Socava la Constitución, el Tribunal Constitucional?

¿Democracia no militante?

Leemos en la sentencia que condenó a los golpistas catalanes, que «nuestro sistema (constitucional) no se identifica con aquellos otros que hacen de la democracia militante una de sus señas de identidad». Encontramos luego esta insólita declaración: «La Sala coincide, desde luego, en que la libertad ideológica no solo ampara, sino que también protege la reivindicación del derecho de autodeterminación«. Por supuesto, sus señorías no se paran a explicar qué sea eso de «democracia no militante», ni tampoco qué significa «proteger» «el derecho de autodeterminación» hoy en Cataluña.

Sirva este preámbulo para hablar de la Constitución, cuyo aniversario conmemoramos. Porque el meollo de la sentencia está ahí, en cómo el Tribunal «interpreta» el texto constitucional. Digo interpretar, pero debiera decir pervertir, desnaturalizar y corromperlo para hacerle decir lo que no dice ni puede decir, como esto de que la Constitución protege el derecho de autodeterminación. Lo más perverso de esta y otras sentencias, desde aquella que anuló la LOAPA hace ya casi cuarenta años, es que han establecido el principio de la «interpretación conforme», técnica originalísima que nuestros altos Tribunales han incorporado al Derecho, y que consiste en ir escribiendo una Constitución paralela que anula el sentido literal del texto constitucional para sustituirlo por otro que literalmente dice lo contrario, pero que debe entenderse conforme a la interpretación del TC.

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